Ya es común escuchar las quejas de la ciudadanía en torno al crecimiento de robos, asaltos, atracos de autobuses, a tiendas de autoservicio y hasta bancos. La delincuencia común simplemente se ha disparado sin que se le haya puesto freno alguno. Las redes sociales dan cuenta a cada momento, de robos violentos y hasta de formas sui generis que utilizan los delincuentes, como los que se disfrazan de mecánicos y advierten a los automovilistas del mal estado de las llantas, para conducirlos a sus madrigueras y robarles la billetera, el reloj o el automóvil. Y lo hacen a plena luz del día. El robo de celulares por ejemplo, se hace en el Centro Histórico y a unos pasos de la guardia del Palacio de Gobierno. Hoy mismo, con padres y madres de familia haciendo los gastos de inicio del ciclo escolar y los ladrones haciendo de las suyas. Los cristaleros en plena faena. Los sicarios también. Y muchos nos preguntamos: ?y qué hace la Policía Municipal, que por lo que se sabe, sus elementos han sido avituallados recientemente con nuevos equipos y patrullas? Es más, hay en inmediaciones de los mercados del centro, sujetos dedicados al robo de aretes, que arrancan materialmente de los lóbulos de las damas, para de inmediato echarse a correr y protegerse en la multitud.

No es fortuito pues que los linchamientos y detenciones de ladrones por parte de multitudes enardecidas, se haya hecho cosa común. Los vecinos del Barrio de Jalatlaco, por ejemplo, han difundido en las redes sociales sus mecanismos de protección en contra de raterillos y delincuentes de poca monta, que se dedican al robo de auto-partes, estéreos, llantas, etc. Y les advierten: “si te detenemos te vamos a linchar”. En el fondo de los linchamientos y atentados fuera de la ley contra delincuentes comunes, existe la desconfianza en las instituciones que procuran y administran justicia. El razonamiento es simple: con el nuevo de justicia penal o también llamado sistema acusatorio adversarial, el delincuente tiene más garantías y, ante la comisión de delitos menores, puede salir libre en un abrir y cerrar de ojos. He ahí el por qué pues, a la ciudadanía enardecida no es fácil contenerla cuando ha desplegado sus intentos criminales. En las últimas semanas la nota roja de los diarios locales ha mostrado a multitudes deteniendo a personas que presuntamente han delinquido y los mantiene amarrados a postes de luz o boca abajo.

Padres y autoridades tienen la palabra

Ante las amenazas no sólo de boicotear el inicio del ciclo escolar 2017/2018, sino de someter el nuevo curso al chantaje y la presión a la que está habituado el magisterio militante de la CNTE/Sección 22, los padres de familia y las autoridades municipales deben ser fieles salvaguardas de la educación de los niños. Dicha organización está jugando con fuego. No sólo ha atentado en contra del derecho fundamental a la educación sino que está violentando normas internacionales que ubican a los niños como un sector de la población vulnerable. De manera cínica y torpe la dirigencia de dicho organismo, ubicada hoy a los ojos de los mexicanos, como una facción que le apunta a la confrontación y la crispación social; como un ente manipulado por los grupos armados; como los enemigos de México, está perfilando un corolario final, para asumirse como las víctimas perpetuas. El pueblo exige del gobierno estatal privilegiar el Estado de Derecho por encima de intereses políticos. Se entiende que los maestros del Cártel-22 son un segmento privilegiado y que nadie los quiere tocar. Justamente por ello, es importante que autoridades municipales y comités de padres de familia se conviertan en salvaguardas de la educación

Es evidente que al gobierno tanto federal como estatal le ha faltado habilidad para negociar contrapesos. Ya se han echado encima a los grupos empresariales, quienes reclamaron acciones legales en contra de esos atentados magisteriales que tanto han afectado los veneros de inversiones y la economía, como ocurrió en los pasados festejos de julio. El gobierno ha caído en la trampa impuesta por grupos violentos, infiltrados y provocadores. El mejor ejemplo es el caso Nochixtlán, en donde el culpable “fue el Estado”. En este complejo tinglado de intereses políticos, la presión de los organismos institucionales y civiles de derechos humanos, hace falta la participación de los afectados, en este caso los padres de familia y las autoridades municipales, siempre que éstas estén comprometidas con sus pueblos y no con intereses políticos. En comunidades que se rigen por usos y costumbres, es urgente la participación de los consejos de ancianos y tatamandones, para acotar y evitar que el magisterio siga afectando la educación de la niñez. Pero los oaxaqueños, sobre todo ese sector vulnerable que son los niños, no pueden estar más sometidos a los intereses facciosos de un grupo de ganapanes.