Prioriza IEEPCO la política de igualdad de género

La transversalización e institucionalización de la perspectiva de igualdad de género y no discriminación, es el objetivo primordial de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral (INE), de aquí a 2023.

De acuerdo con un documento del Instituto, dicha política mandata la colaboración entre las diversas áreas del órgano electoral para monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de la paridad de género en los procesos electorales federales y estatales, como los que se encuentran en proceso, donde se elegirán al próximo presidente de la República, senadores, diputados federales y en Oaxaca, diputados locales y presidentes municipales.

En ello se explica que el principio de paridad tiene alcances más amplios que la postulación para puestos de elección popular de 50-50 entre mujeres y hombres. Este principio implica considerar otros aspectos que influyen en las contiendas electorales, ya que se debe favorecer condiciones equitativas entre las mujeres y los hombres que deciden competir por algún puesto de elección popular, como es el caso de la aparición de las y los candidatos en los medios de comunicación.

Lo anterior ha llevado a este organismo a analizar desde la perspectiva de género los procesos electorales, identificando factores que generan desigualdad para las candidatas, motivados por la discriminación y los estereotipos de género, los cuales van desde descalificaciones o subestimaciones de la pluralidad de las mujeres que contienden a un puesto de elección popular, a través de preguntas sesgadas durante entrevistas relacionadas con roles maternos o cosificación de su cuerpo, hasta violencia política en su contra por razón de género.

Es en este marco, se elaboró una guía para medios de comunicación y partidos políticos: “Hacia una cobertura de los procesos electorales libre de discriminación”, que si bien no es vinculante, pretende ser una herramienta para que medios de comunicación y partidos políticos propicien que las contiendas electorales, en los medios de comunicación, se realicen con un enfoque de igualdad, libres de estereotipos de género y mostrando la diversidad social en los mensajes dirigidos a la ciudadanía.

Esta guía también pretende ser un instrumento para que las instituciones públicas, que de alguna manera participan en los procesos electorales, o bien, organizan las elecciones, como el INE o los Organismos Públicos Electorales Locales (OPLES), “revisen si los contenidos mediáticos que impulsamos contribuyen a una democracia igualitaria”.

Para Gustavo Meixueiro Nájera, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), dijo que a pesar de que en el país existen avances importantes en el tema, por ejemplo, “hay un reconocimiento y campañas para prevenir la violencia física, sexual y psicológica que se ejerce contra las mujeres, la violencia que se presenta en otros espacios, como el político, ha sido menos expuesta.

“Para combatir un problema resulta importante reconocerlo, por ello es trascendente decir que la violencia política ejercida hacia las mujeres es una realidad tanto en México como en otros países. El tema tiene poco tiempo de ser parte del debate público y de manera relativamente reciente se han hecho propuestas para erradicar prácticas que atentan contra los derechos político-electorales de las personas del género femenino”.

La violencia política, sostuvo, implica acciones como no dar espacio a las mujeres para que puedan ser candidatas a los puestos de elección popular, obligarlas a renunciar una vez que están en los cargos, dejar que compitan sólo en distritos o municipios donde los partidos políticos saben que existen pocas posibilidades de ganar, no proporcionales capacitación política ni desarrollo de liderazgo, intimidarlas con el fin de mermar su participación, no otorgarles recursos materiales o humanos para sus campañas, entre muchos otras formas de limitar sus derechos políticos.

En ese sentido, expone que las leyes han intentado combatir algunas de estas prácticas, por ejemplo con acciones afirmativas que garantizan el acceso de mujeres a los espacios de representación, aprobadas desde 2002 en México. Ahora, agregó, garantizar la paridad en candidaturas entre los géneros es un mandato que se encuentra en la Constitución Federal, en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Constitución de Oaxaca.

“La más reciente reforma político electoral aprobada el año pasado, señala que las candidaturas a diputaciones y senadurías postuladas por el principio de mayoría relativa como por representación proporcional, deben contar con un propietario y suplente del mismo género, lo que evita casos de “juanitas”, es decir, mujeres que accedían a un cargo y poco tiempo después de asumirlo eran obligadas a renunciar, ya que el suplente era un varón que las sustituía. Ahora si una mujer propietaria pide licencia, su suplente será del mismo género”.

La ley indica también que tanto el INE como los OPLES pueden rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, dando plazos improrrogables a los partidos políticos para la sustitución de las mismas. “El objetivo de este diseño es claro, no se busca garantizar la participación de las mujeres sólo en la apariencia, la meta es que dicha participación sea una realidad y se cumpla a cabalidad”, apuntó.