El oro no brilla para Oaxaca

Con la minería México apuesta a un proyecto que le resta soberanía sobre su territorio y sus recursos, genera conflictos comunitarios, contaminación y deja ínfimos ingresos a la Federación debido a una de las legislaciones más laxas en cuanto a cobro de impuestos y regalías para las empresas extractivas.

Como los presenta la Secretaría de Economía, México tiene diversos motivos para estar orgulloso de esta actividad: Es también el principal productor de plata del mundo y el tercer lugar de América Latina y el séptimo a nivel mundial con mayor atracción de gasto de empresas para exploración, con una participación de 5.8 por ciento del total global de acuerdo con el Anuario Estadístico de la Minería Mexicana 2016.

En ese año, aunque el Producto Interno Bruto del sector registró un decremento de 1.6 por ciento respecto a 2015, las ganancias generadas alcanzaron los 473.8 mil millones de pesos, que superan los 419.5 mil millones del año anterior.

La producción de minerales metálicos se incrementó 21.4 por ciento con relación a 2015 y generó 270.5 mil millones de pesos. La minería en general avanzó 12.9 por ciento en su valor de producción. En el país operan dos de los cinco grupos mineros más importantes de América Latina, sin embargo, a diferencia de Chile y Perú, los impuestos que les cobra están entre los más bajos de la región. Para Chile, por ejemplo, entre 2010 y 2014 el 13.8 por ciento de la recaudación fiscal nacional provino de impuestos a mineras; 5.4 por ciento lo aportaron empresas del sector privado; en Perú, en el mismo periodo, 6.4 por ciento del PIB provino de impuestos de estas empresas. A México, las mineras solo le aportan el 1 por ciento de su PIB de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

De acuerdo con cifras del gobierno federal, las ganancias del sector minero representan cada año 13 mil 500 millones de dólares y aunque en 2013 se aprobó una legislación para cobrar el 7.5 por ciento de regalías por las ganancias totales que obtienen, las empresas han retado en tribunales al gobierno federal para evitar este pago. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, el adeudo tan solo de 2015 es de 180 millones de dólares.

No solo la aportación de las mineras a México está entre las más bajas de la región, sino que las principales mineras del país, Grupo México, Peñoles, Fresnillo y Frisco, propiedad de Carlos Slim, se han confrontado con las autoridades para mantener sus beneficios.

Pérdida de soberanía… y de territorio

Francisco López Bárcenas ha investigado la forma en la que operan las mineras en México y resalta que el paso inicial lo dio el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1993, cuando se concretó la reforma que propuso al artículo 27 constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC), la Ley Minera y la Ley de Inversión Extranjera en el país.

25 años después, señala, aunado a políticas acordes, el resultado de esa reforma es que en 2010 el 28.58 por ciento del territorio mexicano (el equivalente a 51.76 por ciento de la propiedad social y una superficie mayor a la dedicada a la producción de alimentos) se encontraba concesionado a empresas mineras.

“El Estado comenzó a perder soberanía desde la reforma de 1992 porque eso permitió la firma del TLC y ahí, se privilegia el ingreso de trasnacionales al país y quedan fuera del marco de decisión de los tribunales mexicanos; en el artículo 27 constitucional hay una disposición que dicta que cualquier empresa extranjera que quiera invertir en México debe sujetarse a sus leyes, renunciar a la protección de su país y en caso de controversia ir a tribunales nacionales, en el TLC se establece que si no están de acuerdo pueden ir a un panel de solución de controversia, que no son públicos, eso es una pérdida de soberanía.

“Hay otra disposición que tiene que ver con el pago de impuestos, hay una cláusula que es la de doble tributación, que para evitar que una empresa pague donde tiene su matriz y en el lugar al que llega, en este caso México, puede decidir en donde paga, en México las empresas no pagan absolutamente nada. ¿Por qué se ha permitido eso? Porque la transformación del Estado ha estado orientada a perder parte del poder que debería tener frente a las trasnacionales”.

López Bárcenas es autor del libro El mineral o la vida, en el cual expone cuatro ciclos de la explotación minera en México –de la llegada de los españoles hasta la consolidación de la república; el segundo, que abarca el Porfiriato y las primeras décadas posteriores a la Revolución mexicana; el tercero, durante la “mexicanización”, con el fortalecimiento del poder del Estado nacional; y el de la globalización.

EL DATO: Oaxaca es el estado 26 con menos trabajadores registrados en la minería, con solo 287; en Coahuila hay más de 10 mil

Lo que pagan las mineras

Además del ISR, las mineras en México pagan entre 11 y 124 pesos por hectárea para explorar, según la Ley Federal de Derechos, “no importa si buscan oro, plata o arena ¿por qué pasa esto? no tiene sentido, además, no van a ciegas, el Sistema Meteorológico Mexicano ya tiene ubicado dónde están los metales. Creo que México es el único país donde se hace eso, en la mayoría se paga de acuerdo a lo que van a buscar”, expresa el investigador. “Cuando ya sacan el mineral a boca de mina no pagan nada. Van a decir que invierten en maquinaria, en salarios de los empleados, en su seguridad, sí, pero eso lo hace cualquier empresa, ahora estamos hablando de un bien propiedad de la nación, por eso no pagan nada”
En las comunidades, al no estar reglamentado ningún pago por el usufructo de sus tierras, las empresas trasnacionales pagan “como se dejen”, desde 800 a 12 mil por la autorización para que las mineras operen en su territorio.

Tlacolula, el ejemplo de la problemática

El Valle de Tlacolula se muestra como un catálogo de las irregularidades que causan la entrega de concesiones. La primera de ellas es que se hace a espaldas de los pobladores y, en algunos casos, de sus autoridades.

El Grupo de Investigación-Acción Autónoma es un colectivo conformado por abogados, sociólogos y arquitectos que se dedican prioritariamente a informar a las comunidades sobre la presencia de concesiones y sobre las consecuencias que generan.

Conseguir información sobre las mineras y su labor en las comunidades es en la mayoría de las ocasiones como querer agarrar agua con los puños cerrados. Los datos, asegura Javier Ruiz, integrante del colectivo, fluctúan de un día a otro. En una cartografía realizada por el Grupo de Investigación en 2017 se detectaron 50 concesiones en este distrito, con 10 proyectos mineros que alcanzan el 50 por ciento del territorio.

Su trabajo de apoyo lo han realizado con comunidades del Istmo de Tehuantepec para brindar información sobre proyectos eólicos, y en Tlacolula, desde Lachigoló hasta San Pedro Totolapan.

“La tarea es dar esta información que no da el gobierno y acercar la base de datos que es enorme a un lenguaje traducido para las comunidades, sobre afectaciones, cuántas hectáreas, cuánto se invierte. Tenemos varias cartografías sobre estos proyectos, cuando nos acercamos a Tlacolula nos dimos cuenta que está lleno de proyectos mineros, 52 por ciento de su territorio está concesionado y las comunidades no tenían esa información”, explica Ruiz.

25 estados de la República Mexicana tienen presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minería, los primeros lugares son:

• Sonora 224
• Chihuahua 127
• Durango 106
• Sinaloa 102
• Zacatecas 73
• Jalisco 61
• Guerrero 38
• Oaxaca 34
• Michoacán 25
• Nayarit 22