Los subsidios para el agua potable que la Federación destina a las entidades a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) disminuyeron 72.24% en el periodo 2015-2018, al pasar de 13 mil 22 a 3 mil 614 millones de pesos, una baja que pone en riesgo la cobertura de distribución de agua potable en el país, que podría registrar un decrecimiento, advierten especialistas.
Esta reducción en los subsidios, alertan, es parte del proyecto privatizador del agua que se impulsa desde legislaturas estatales y desde el Congreso de la Unión y que, en un corto plazo, implicaría el aumento del precio de los servicios.
En Oaxaca, donde aún el 12% de la población se mantiene sin servicio de agua potable en su vivienda, el recorte presupuestal avalado por la Cámara de Diputados federal generó una de las mayores afectaciones, al perder en tres años 83.50% de los recursos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación como subsidio a agua potable.
En 2015 el estado recibió 527 millones de pesos en este rubro, desde entonces inició la disminución: para 2016 obtuvo 488 millones; en 2017 tocó su nivel más bajo, con 79 millones, que se incrementaron a 87 para el actual ejercicio fiscal.
Para Juan José Consejo, director del Instituto de la Naturaleza y la Sociedad Oaxaqueña (INSO), esta disminución presupuestal permite advertir que el objetivo final es el incremento del costo que se paga por el agua en México.
“No es que haya una manía contra la participación privada, pero su mayor participación traerá un aumento en el costo del servicio para los usuarios, si el gobierno dice ‘ya no te voy a dar dinero para agua y voy a permitir que la iniciativa privada haga negocio’, debo garantizar que sea un buen negocio”, asevera.
El historiador Luis Aboitez, investigador de El Colegio de México, resalta que este recorte es parte de la reducción en inversión pública que la Conagua ha aplicado desde la década de 1990. En 1991, la inversión nacional sumando los presupuestos de los tres órdenes de gobierno en obras de agua, alcantarillado y saneamiento fue de 13 mil 146 millones de pesos, diez años más tarde, en 2001 esa cifra cayó a 2 mil 994 millones.
En su obra “La decadencia del agua de la nación” destaca que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX el Estado mexicano se caracterizó por su debilidad para concretar los objetivos de una repartición más igualitaria de la riqueza, incluyendo el agua. A partir del año de 1985 inició una etapa a la que denomina “mercantil del agua”, que inició el proceso para que el gobierno nacional, por primera vez desde 1929, cobrara por el servicio que daba a los hogares mexicanos.
“En la década de los 80 se viene abajo la inversión pública y se empieza a cobrar por el agua, eso no ha cambiado para nada, con dos problemas, que se cobra muy poco por el agua y que el organismo público que debe poner las reglas, la Conagua, es un organismo cada vez más debilitado, no hay autoridad”, asegura Aboitez.
De igual forma, expresa que las iniciativas privatizadores del agua son evidentemente un cambio de modelo de gestión y administración, no obstante, “no hay indicios de un cambio que busque remediar la falta de inversión pública en el ramo, al contrario, se está dejando la tarea a la iniciativa privada, el problema es que la iniciativa privada no invierte en infraestructura hidráulica y el problema de la falta de agua se va multiplicando”, asegura Aboitez. La solución, agrega, se debe buscar con un Estado fuerte, pero en el que haya “más organización y más participación social”.
“La iniciativa privada puede ser muy eficiente, pero se privilegia el lucro. El problema de fondo es fiscal, recaudamos el 12 o 13% del PIB, cuando hay países que recaudan el 40%, el gobierno mexicano no puede mantener el nivel de inversión de antes, y no puede por falta de voluntad para cobrar más impuestos, sobre todo a los grandes capitales. El país en 1980 llegó a invertir entre el 15 y 20% de su presupuesto en obras de agua, hoy no invierte ni el 1%, el riesgo es que los indicadores de índices de cobertura empiecen a disminuir y que esto obligue al Estado a recapacitar sobre este tema”, asegura.
En este proceso de alza de costos del agua, Consejo advierte además que habrá una reorientación hacia los usos de lucro, principalmente el fracking, la fractura de la tierra para obtener hidrocarburos.
“Las concesiones se facilitan para el uso minero, queda claro por qué tanta prisa, por qué tanta urgencia, quieren completar los cambios de la legislación con respecto a los energéticos y les falta el agua, necesitan el agua para obtener gas natural mediante el fracking, que necesita una gran cantidad de agua”, señala Consejo.
Oaxaca, una catástrofe
Para el director del INSO, el debate sobre qué hacer con el agua no ha rebasado la visión gubernamental sobre este recurso. “El agua sigue siendo algo que meto en un tubo y que solamente tengo que cuidar que haya una buena distribución del agua potable y un buen manejo de los desechos, esto es importante, pero los instrumentos legislativos modernos tienden a pensar en el agua como un elemento integral más complejo”, asegura Consejo.
Incluso limitándose solo a distribuir el agua, asegura, la catástrofe del gobierno es evidente, una muestra de ello es Oaxaca. “Aun en términos de servicio, de agua entubada, lo que tenemos es un rezago muy considerable, histórico, que se hace más claro en comunidades alejadas pero también en la zona conurbada de la capital de Oaxaca, donde hay al menos 200 colonias que no tienen agua potable”.
De igual forma, en la capital se ha fallado en lograr hacer una distribución eficiente, pues se pierde al menos el 50% del agua que se distribuye por filtraciones en las tuberías.
“El sistema es altamente ineficiente, si estamos tirando, contando lo que se desperdicia en las casas, tres de cada cuatro litros, tendríamos que cambiar de modelo. En los Valles Centrales el sistema es poco eficiente e inequitativo, no es que no haya agua, más que pensar en grandes proyectos para traer más agua en la ciudad se debe cuidar la que tenemos”, agrega.
La privatización del agua, señala, lejos de atender este debate, agravará la situación en la que se encuentran zonas marginadas del estado. “A las empresas privadas lo que les va a interesa es vender el agua a la gente de San Felipe, pero no a la de San Juan Chapultepec, lo que nosotros vemos es que es un sistema que va a aumentar la injusticia y va a hacer que quienes no tienen agua tengan menos posibilidades de tenerla”.
