Los pueblos del Valle de Ocotlán se han constituido en una de las primeras pruebas para el Gobierno que desde el 1 de diciembre encabezará Andrés Manuel López Obrador. Tan solo en cuatro municipios de esta zona de Valles Centrales la empresa minera canadiense Fortuna Silver tiene concesionadas 90 mil hectáreas para la extracción de oro y plata en los municipios de Ocotlán de Morelos, San Antonino Castillo Velasco, Santiago Apóstol y Asunción Ocotlán y sus pobladores han comenzado a reaccionar y a demandar respeto a sus derechos al territorio y a decidir sobre los recursos naturales que en él se encuentran.
En el encuentro Sí a la Vida no a la Minería que se realizó ayer en el municipio de San Antonino Castillo Velasco, una veintena de comunidades de Valles Centrales se reunieron para exponer la situación que guardan las concesiones mineras y los riesgos que representan para la estabilidad de su población.
Tras más de siete horas de participar en mesas de trabajo y en asamblea, plantearon tres acuerdos que tocan de inmediato a las autoridades federales, principalmente el primero: cancelación de todas las autorizaciones que ha entregado la Secretaría de Economía en el Valle de Ocotlán. El segundo acuerdo se ejecutará en octubre próximo, cuando autoridades y organizaciones que participan en la lucha contra la minería inicien un juicio contra el Estado, exponiendo los daños que la actividad extractiva ha generado en sus territorios y buscando canales legales nacionales e internacionales para exigir que haya consecuencias y sanciones a los responsables.
Por el fin de sexenio, ambos puntos, la demanda para extinguir las concesiones y el juicio serán temas del siguiente gobierno federal, el de la cuarta transformación del país y hasta ahora la postura del virtual presidente electo respecto al tema de la minería genera al menos incertidumbre, con señales preocupantes y otras alentadoras.
Carmen Santiago, directora del Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, señala que la presencia del oaxaqueño Adelfo Regino Montes dentro del equipo de trabajo del líder del Movimiento de Regeneración Nacional es una señal positiva, tanto como la cercanía que ha tenido López Obrador con las comunidades a las que ha recorrido por tierra.
“Andrés Manuel ha hecho muchos compromisos, tiene que poner en práctica lo que ha dicho en varios momentos de posicionamiento, su legítima lucha de recorrer el país, esa realidad que él conoció lo lleva ahora a que una de sus prioridades seamos los pueblos indígenas, tiene que prepararse para escucharnos integralmente”, asegura Santiago.
Aldo González, coordinador de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) observa que hay también señales que causan incertidumbre, una de ellas el proyecto de ampliar la zona económica especial de Salina Cruz, que aceleraría la extracción minera en el estado al facilitar la fabricación de productos libres de impuestos y su exportación.
“Eso no es una buena señal para los pueblos indígenas, no solamente la minería es la que ha generado violencia, sino la inversión extranjera en general ha venido acompañada de violencia, hoy ir al Istmo de Tehuantepec, tratar de refrescarte a las 11 de la noche, que es cuando se puede, es imposible por el grado de violencia, lo mismo pasa en la Costa, lo mismo pasa en Tuxtepec”, señala Aldo González, coordinador de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO).
Para Roberto Stefani, coordinador del proyecto de pueblos indígenas de Oxfam, una de las organizaciones convocantes al foro Sí a la Vida, se debe ser cauto y esperar las primeras acciones que emprenda el próximo presidente.
“Lo primero sería que hubiera un diálogo real, donde se pusiera al nivel de las comunidades indígenas y campesinas para entender sus necesidades y preocupaciones no solo en torno a la minería, sino en relación a los bienes comunes naturales, sobre todo el agua, lo segundo es que se reconociera que hay un acceso desigual a estos recursos”.
Cambios legales
González señala que otro de los pasos que deberá dar el próximo gobierno federal para atender las demandas de los pueblos indígenas pasan por reformas constitucionales.
La primera reforma, apunta, sería revertir la reforma de 1992 al artículo constitucional 27, que permitió que las tierras comunales se privatizaran. “Salinas de Gortari dijo que quería dar seguridad jurídica a los campesinos, pero a los únicos que les ha dado seguridad es a las empresas privadas”.
Stefani apunta la Ley Minera también deberá modificarse. En su artículo 6 esta legislación señala que la actividad minera es de utilidad pública y preferente a cualquier uso y aprovechamiento del terreno.
“Habría que razonar sobre qué significa utilidad pública, ya que la minería es uno de los sectores económicos que más concentra riqueza y genera afectaciones a las poblaciones que se circunscriben en las minas”.
El artículo 19 de la ley señala que las concesiones mineras confieren el derecho a aprovechar las aguas provenientes del laboreo de las minas para la exploración o explotación y beneficio de los minerales o sustancias que se obtengan y el uso doméstico del personal empleado en las mismas.
“Aquí es muy fuerte la desigualdad que vemos en Valles Centrales, por un lado hay una mina operando, que goza de este tipo de beneficios que permite la ley, que puede utilizar una cantidad ilimitada de agua, por otro lado hay comunidades que utilizan el agua para una economía de subsistencia y que tienen que pedir permiso, concesiones, es evidente la desigualdad, con esos dos artículos podría empezar a cambiar la cosa”, asegura.
Para González, los cambios legislativos tendrán que ir acompañados también de la aplicación de la ley y si el Estado mexicano aplicara la ley estrictamente tendría que cancelar todas las concesiones mineras que se hayan otorgado sin una consulta previa, aun en aquellos casos en los que las mineras se encuentren operando.
Mantendrá modelo extractivista
El doctor en sociología Francisco López Bárcenas, especialista en defensa del territorio de pueblos originarios contra la minería, coincide en que López Obrador mantendrá el modelo de desarrollo económico que favorece los grandes proyectos, incluidos los mineros y eólicos, no obstante aun dentro del modelo extractivista es posible generar cambios favorables para la sociedad.
“No espero que haya un cambio profundo de modelo, ni si quiera se ha planteado, pero incluso dentro del mismo modelo puede haber transformaciones importantes, un ejemplo, una minera actualmente, por una hectárea concesionada paga de 5 a 124 pesos cada seis meses, dependiendo del tiempo que tenga operando, el cambio que podría haber es que no se cobrara ni si quiera por hectárea, sino por mineral a explotar, que no fueran 5 pesos, sino un porcentaje real de lo que se extraiga, ese sería el mismo modelo extratctivista pero las formas podrían cambiar mucho, no serían 124 pesos, serían miles”, asegura el autor del libro La vida o el mineral.
El dato:
Año 1992
Reforman el artículo 27 de la Constitución que permitió que las tierras comunales se privatizaran.
FORTUNA SILVER
Tiene concesionadas 90 mil hectáreas para la extracción de oro y plata.
LEY MINERA:
Piden que se modifique el artículo 6 de esta legislación el cual apunta que la actividad minera es de utilidad pública y preferente a cualquier uso y aprovechamiento del terreno.
EFECTOS SECUNDARIOS DE LA MINERÍA:
Daños a las fuentes hídricas
Cuando se realiza minería a cielo abierto, el agua se ve seriamente comprometida debido a los residuos sólidos que son vertidos durante esta actividad.
Cambios en la topografía y geomorfología
Para realizar la minería a gran escala es necesario hacer la remoción de capas superficiales de la tierra. Al hacer estas modificaciones se dejan las rocas descubiertas, lo que puede ocasionar erosión.
Impacto sobre bosques
Otro de los daños que genera la minería a cielo abierto es precisamente a los bosques en los cuales en algunos casos se hace necesaria la tala o para los que el agua deja de llega debido a las modificaciones en los afluentes o en las corrientes de los ríos.
Afectaciones sociales
En cualquier lugar donde se lleve a cabo la explotación minera el aumento de las migraciones de población, los cambios en las costumbres y en las actividades de la economía cambian sustancialmente.
