Desvío, un monstruo que desvió 4 mil mdp en Oaxaca
Hay dependencias de la administración de Cué Monteagudo a las que la Auditoría Superior les pidió hasta seis veces comprobar recursos sin que respondieran
La secretaría de la Contraloría no lleva a cabo cacería de brujas en contra de exfuncionarios, sino se revisa el ejercicio de los recursos económicos, no solo en Salud sino en materia de Infraestructura, adelantó José Ángel Díaz Navarro.
“No hubo interés para rendir cuentas, nosotros tenemos un retraso de cuatro años porque no se avanzó en temas de solventación, al pasar las observaciones de 730 millones de pesos a más de cuatro mil millones de pesos”, reveló.
Es un monstruo de dinero, dado que los exfuncionarios no presentaron la solventación y soporte de cómo se utilizó el recurso público de diversos programas públicos, es una situación de impunidad y que deberá tener consecuencias, anotó.
En una entrevista ofrecida a radiodifusores y transmitida en varias estaciones de radio, el funcionario estatal aseguró que cada uno de los casos presentados llevan pruebas contundentes para no cometer errores.
“Si (Germán Tenorio Vasconcelos), extitular de los Servicios de Salud, acusado por abuso de autoridad, sale o no de la cárcel es un tema en terreno ya del Poder Judicial y es claro que hubo una afectación al erario público”, afirmó.
De igual forma sostuvo que fue la Secretaría de Salud la que presentó la denuncia por la nula construcción de los baños ecológicos en comunidades indígenas.
Díaz Navarro dijo que buscarán la reposición de los 26 millones de pesos que salieron de la dependencia pero no se sabe en dónde quedaron, dado que la obra no existe, “en su momento se demostrará”.
El contralor enfatizó que en el caso de los baños ecológicos primero se pagó a las empresas y después llegaron las fianzas, pero resultaron falsas, “estamos enfocados en la recuperación del dinero del erario público”, reiteró.
Reveló que en su momento los exfuncionarios no brindaron información cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) la requirieron, “incluso hay un caso de una instancia de gobierno a la que le pidieron datos hasta en seis ocasiones, en ninguna la proporcionaron”.
Ahora el resultado es que hay un posible daño al erario público y deberá realizarse un resarcimiento del dinero, “ahora estamos buscando a los responsables y nos digan por qué no atendieron el llamado en seis veces”, afirmó.
