Juchitán.- Olga Hernández Ávila, investigadora del Instituto Mexicano de Derechos y Democracia reconoció que en México hay una grave crisis en Derechos Humanos, no sólo porque en los medios de comunicación se informan sobre casos de desaparición, tortura, y ejecuciones, sino porque el Estado ha claudicado en la tutela de la mayoría de los derechos económicos, sociales y culturales.
Abordada al final del taller “La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, impartido al personal de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, explicó que el caldo de cultivo que ha dado origen a la crisis de derechos humanos que afronta México está la desigualdad, la discriminación, y especialmente la impunidad y la corrupción, que son obstáculos para que las personas puedan ejercer sus derechos a plenitud.
La especialista en temas sociales y de igualdad expuso que la grave situación en materia de Derechos Humanos ha generado un ambiente de crispación respecto a la defensa y protección de estos derechos, pues se tiende a relacionar su defensa con la protección a delincuentes, lo que se puede entender como una forma en que se refleja el descontento social por la impunidad.
La integrante del Instituto Mexicano de Derechos y Democracia detalló que esta crispación provoca que las actuaciones de los organismos públicos de derechos humanos sean continuamente cuestionadas, pues en diversas ocasiones sus resoluciones no son cumplidas y esto genera impunidad, dando pie al descontento de la ciudadanía, que deriva en presiones o rechazo al trabajo que hacen dichos organismos.
La defensora de Derechos Humanos, Hernández Ávila, insistió en que un elemento sumamente importante a vencer es la impunidad, pues mientras no sea efectivo el acceso a la justicia en el país, ningún organismo de protección a los derechos humanos será eficaz.
Agregó que se debe combatir la corrupción en forma conjunta, pero es importante puntualizar que ésta no es un problema únicamente del Estado, sino de la nación; es decir, que la sociedad en conjunto tenemos que cambiar nuestra visión de que las posibles soluciones para la corrupción y la impunidad no sean únicamente punitivas, pues estas acciones terminan por romper el tejido social, y por ello, hay que explorar otras vías.
Hernández Ávila dijo que México tiene leyes que favorecen la protección a Derechos Humanos, pero necesita cambiar su sistema para la aplicación de esas leyes a fin de que sean plenamente aplicables en la práctica. Para esto, concluyó, se requiere capacitar y actualizar a servidores públicos, además de responsabilizar a quienes fallan en la aplicación de las leyes, y no simplemente limitarse a decir que son errores del sistema sin señalar al o los responsables.
