El organismo consideró que la Ley General de Comunicación Social no garantiza que el gasto en publicidad oficial se asigne con criterios de “eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez”
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Esta ley “es un revés contra la libertad de expresión y la democracia”, afirmó Ricardo Reyes, del área del Derecho a la Información de la organización.
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