Son dados por muertos para quitarle sus tierras | El Imparcial de Oaxaca
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Son dados por muertos para quitarle sus tierras

El caso se suscitó en Santo Domingo Ixcatlán, Tlaxiaco; 22 de ellos con medidas cautelares


Son dados por muertos para quitarle sus tierras | El Imparcial de Oaxaca

Mil 13 comuneros de Santo Domingo, Ixcatlán, Tlaxiaco, 22 de ellos con medidas cautelares, fueron declarados como fallecidos con el objetivo de privarlos de todos sus derechos como personas y en especial de sus derechos a la tierra y de su territorio indígena, dio a conocer el Centro de Derechos Humano y Asesoría a Pueblos Indígenas A. C.

En un comunicado emitido ayer, aseguran que funcionarios del Registro Civil de Oaxaca y Registro Agrario Nacional, declaran como fallecidos y sepultados a 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la CIDH y a 991 personas más, todos comuneros de Santo Domingo Ixcatlán.

Entre las personas beneficiadas de medidas cautelares y que fueron dadas por muertas y sepultadas, están José Medina García, Zenaido García Bernabé, Patricio García García, Víctor Hernández García, Fausto García Bernabé, Juan García Castañeda, Guadalupe Saldaña Marcial, Simón García Hernández, Marina Castañeda Castro y  Maximina Xochitla Moreno.

Además de Paula Bernabé García, Andrés García Hernández, Florina García Bernabé, Marina García Maldonado, Juan Bernabé García, Andrés Martínez Robles, Edith Castañeda García, José Domingo Castañeda García, Manuel García Castro, Delfino García Castañeda, Aurelia Castro Jiménez, Mauricio García García, a pesar de que estar personas se encuentran vivas.

Precisan que con fecha 19 de mayo de 2008, la ilustre Comisión Interamericana emitió Medidas Cautelares a favor de 60 personas, familiares, amigos y testigos de Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé y con fecha 6 de agosto del 2008 la CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a favor de 117 personas más.

En dicha ampliación se solicitó al Estado Mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 177 personas.

Concertar las Medidas a adoptarse con los beneficiarios y peticionarios.

Informar sobre las acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares y remover los factores de riesgo.

NO ESTÁN MUERTOS

Con fecha 12 Agosto del 2018, la supuesta representación comunal Agraria de Santo Domingo Ixcatlán avalada e impuesta por la Procuraduría Agraria, efectuó una asamblea de un pequeño grupo de comuneros que son seguidores de la familia Morales Arias, responsables de la masacre del 30 de abril del 2008, para separar a 1,013 comuneros del padrón de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán y para ello los declararon como fallecidos y sepultados, entre ellos a 22 beneficiarios de Medidas cautelares otorgadas por esta Honorable Comisión, hechos totalmente falsos por que las personas que fueron declaradas como fallecidas están vivas.

El acta de asamblea de comuneros de Santo Domingo Ixcatlán, Distrito de Tlaxiaco Estado de Oaxaca del 12 de agosto del 2018, en la que declaran como fallecidos a 1,013 comuneros entre ellos a 22 beneficiarios de medidas cautelares que se encuentran vivos, fue avalada por el oficio DRC/UJ/699/2018 de fecha 20 de julio del 2018 firmada por el Lic. Daniel Víctor Merlín Tolentino jefe de la Unidad Jurídica de Registro Civil de Oaxaca.

En esta acta se violentan los derechos de los beneficiarios de medidas cautelares que son comuneros del Núcleo Agrario de Santo Domingo Ixcatlán, al declararlos como fallecidos, hecho totalmente falso, ya que todos los beneficiarios se encuentran con vida.

Esta acta fue validada por funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, México, del Registro Agrario Nacional y de la Procuraduría Agraria. Con fecha 7 de septiembre del año dos mil dieciocho, el Registro Agrario Nacional (RAN) efectúa la calificación registral del acta de asamblea de la supuesta comisariada de bienes comunales de Santo Domingo Ixcatlán, de fecha 12 de agosto del 2018, donde dan de baja a 1,013 comuneros incluyendo a los beneficiarios de medidas cautelares y con esta calificación registral el Estado Mexicano por conducto del Registro Agrario Nacional declara como fallecidos a 1,013 comuneros incluyendo a los 22 beneficiarios.

FUNCIONARIOS RESPONSABLES 

Funcionarios del Gobierno Estatal y Gobierno Federal son responsables de la muerte legal de 1,013 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán incluyendo a 22 beneficiarios de medidas cautelares al darlos como fallecidos y sepultados, este hecho fue realizado por funcionarios del Gobierno Federal y Estatal por conducto de la familia Morales Arias responsable del triple homicidio efectuado en Santo Domingo Ixcatlán el 30 de abril del 2008, en el que fue privado de la vida el Secretario de Bienes comunales de Santo Domingo Ixcatlán Melesio Martínez Robles.

Las instituciones que colaboraron con la muerte legal que da como fallecidos a los beneficiarios son, Procuraduría Agraria por conducto del Delegado Federal Agrario de ese entonces Francisco Javier Cañada Melecio; la dirección del Registro Civil del Estado de Oaxaca, por conducto de Daniel Víctor Merlín Tolentino y por el Registro Agrario Nacional (RAN) por conducto de los registradores Eduardo Daniel Gómez Padilla y Uriel López Mayoral.

FUERON VIOLENTADOS DE SU DERECHO 

Los beneficiarios de medidas cautelares referidos fueron violentados de su Derecho al Nombre artículo 18, a la Propiedad artículo 21, Derecho a la Protección de la Dignidad artículo 11, derecho a la identidad y otros derechos de la Convención Americana de Derechos Humanos, al ser considerados por  funcionarios del Registro Civil y del Registro Agrario Nacional como personas fallecidas, despojándolos de todos sus derechos como persona al darlos por muertos, esto con el objeto de privarlos de sus derechos a la tierra y al territorio indígena de Santo Domingo Ixcatlán.

En este sentido, la CEDHAPI A.C y el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, se pronuncia para que la Fiscalía General de la República investigue los hechos denunciados y que se sancionen a los funcionarios responsables de los hechos.