El Torito
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El Torito

 


En esos juegos pirotécnicos que tanto disfrutamos los oaxaqueños, está el torito. En cada jolgorio alguien prende la mecha y entre música, luces y tronidos quemantes, los concurrentes empiezan a capotear al valiente que embiste con la explosión de los cohetes sobre su cabeza. Los que torean y el que arremete juegan a acercarse peligrosamente uno al otro. El torito se precipita con fuerza, el torero se aproxima buscando no quemarse.
Así calculan será la primera decisión de gobierno contra los bloqueos de calles y carreteras que, desde el 2006, han sumido a Oaxaca en la anarquía y acrecentado la miseria. Significan también, jugosos negocios para los grupos de interés más variopintos.
Con este rejuego, del que pueden salir algunos quemados, sobre todo si no lo planean bien, hizo semejanza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, al anunciar la medida que intentará reglamentar esos bloqueos.
Entre efusivos aplausos, dijo que la iniciativa de ley la presentará, esta misma semana, ante el Congreso y la someterá a referéndum de los diferentes Ayuntamientos y de la sociedad con el fin de “imponer sanciones administrativas y, gradualmente, el uso de la fuerza pública para superar el tema de los bloqueos”.
“Vamos a ponerle el torito a los bloqueos” expresó el jefe del Ejecutivo ante el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid y cientos de industriales y prestadores de servicios turísticos que aplaudieron efusivamente el anuncio. Cauto, Alejandro, pidió mesura. Para enviar el mensaje de que “bloquear (calles y carreteras) tendrá consecuencias, voy a necesitar el apoyo de todos, el respaldo de la sociedad pero hay que ponerle el torito”.
Reiteró su decisión de restablecer la gobernabilidad porque en la anarquía no se puede aprovechar el potencial turístico de Oaxaca que, aún con sus conflictos, está entre las 50 ciudades más importantes como atractivo turístico. Tenemos una joya que este año generó una derrama de más de 15 mil millones de pesos.
Ante la fuerza brutal que alcanza la industria del chantaje político, reglamentar los bloqueos como instrumento político no será tarea fácil. Así lo reconoció al pedir al apoyo de la sociedad, del Congreso, de los gobiernos municipales. Es necesario, dijo, que los cabildos se sientan respaldados en este reto de restablecer el orden en todos los municipios, principalmente la capital.
Dirigiéndose al alcalde José Antonio Hernández Fraguas, Murat dijo: “aquí con el presidente Hernández Fraguas espero empecemos con la ciudad de Oaxaca y después con los demás municipios y las regiones”.
Semana intensa de decisiones en torno a lo que podría ser lo esencial del gobierno de Murat Hinojosa: restablecer el gobierno y el imperio de la ley, esa que hoy se diluye entre la apocada fuerza de las instituciones y el poder de los grupos de poder fáctico.

Caos, desorden
No es solo por señalar lo nocivo. El mismo gobernador reconoció la ingobernabilidad que se cierne sobre Oaxaca pero -en la misma jerga taurina- dio señales de agarrar el toro por los cuernos.
No solo se dolió de la anarquía, descubrió causas y propuso soluciones.
En la clausura del simposio “Un México en paz, un México con seguridad”, el mandatario explicó que recibió una entidad con un “desorden” que se generó a partir de la convulsión social ocurrida en el 2006, que hizo que los oaxaqueños perdieran la capacidad de asombro a raíz de algunos eventos que primero fueron sociales y que posteriormente se entremezclaron con grupos que buscaban otro tipo de intereses. Reveló que algunos grupos de la delincuencia organizada “penetraran bajo cierta connotación” en ciertas zonas del estado; hay que ser muy talentosos para poder dividir entre lo que es social o auténtico, o lo que tiene otro tipo de connotaciones u objetivos”.

El salto del chapulín
Entre un optimismo apagado a las pocas horas por el pesimismo de muchos oaxaqueños, los gobiernos estatal y municipal, intentaron, el fin de semana, una expresión de autoridad. Desalojaron a medio centenar de puestos ambulantes y los “desplazados” triquis que hacían intransitable el zócalo.
Digo que fue intento porque los industriosos del chantaje político, inmediatamente reaccionaron. Los traficantes de espacios callejeros, el cártel 22, los triquis “desplazados”, se desgarraron vestiduras y en medio de gran escándalo mediático, estos últimos volvieron a los portales con sus vendimias. Siguen utilizando el lugar como dormitorio, cocina y baños a pesar de que “papá gobierno” les paga renta, luz, agua, local para sus negocios, etc.
Esto significa que, al menos los Triquis, seguirán inamovibles, lucrando con la bandera de la victimización racial.
Quien diga que estos triquis no son chantajistas, tendría que desmentir al mismo DDHO Arturo Peimbert. Con todo y que este funcionario conjugue intereses políticos con los “desplazados” hay que recordar que él mismo declaró que los que los mueven se quedaron con 120 mil pesos que el gobierno pagó para cada uno de los supuestos “desplazados”. Después de un censo mediante asamblea, los más de cien que, supuestamente, no pueden regresar a San Juan Copala, desconocieron a sus líderes Lorena Merino y Reyna Martínez. Los acusaron de recibir dinero del gobierno y no entregarlo para reparar el daño de las víctimas.
En 2011, el Gobierno estatal pagó más de 20 millones de pesos a 135 familias que alegaban haber dejado sus tierras por conflictos en la comunidad. Sin embargo, ese mismo año la autoridad municipal de San Juan Copala, alertó al Gobierno estatal sobre la falsedad de los supuestos desplazados, y aseguró que estas personas entraban y salían de la comunidad sin problema.
El Secretario de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez, informó en esa ocasión, que al grupo de supuestos desplazados se le otorgó la indemnización económica para cumplir con las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Para asegurar su manutención y la formación de un patrimonio a través del trabajo, el Gobierno del estado entregó para cada uno de los 135 desplazados la cantidad de 150 mil pesos ¿Dónde quedó tanto dinero?

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