Anticipado

Por más que los malquerientes del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, digan que “es insuficiente”, la estrategia para apoyar a los pequeños y medianas empresarios de Oaxaca, arrollados por el fenómeno Covid19, es una medida más que oportuna.

Independientemente del impulso económico que significará la derrama económica de mil 270 millones de pesos anunciados en los diez puntos, representa una buena jugada política. Expresa, al menos en nuestro estado, pronta respuesta para el sector privado que insiste, sin éxito hasta el momento, ante el gobierno federal la implementación de un programa de apoyo, no de rescate, a las pequeñas y medianas empresas que son las más afectadas.

Es una buena respuesta para el sector empresarial y sirve de aliciente cuando se empiezan a escuchar voces extremas como la “fórmula mortal” que mencionaron los empresarios de Monterrey en la reunión con el presidente López Obrador: “para la pequeña y mediana empresa la falta de ingresos y al mismo tiempo, tener que pagar servicios, impuestos y el cien por ciento de las nóminas, es una fórmula mortal”. Otras propuestas nada ponderadas de algunos expertos mencionan el litigio judicial “para detener cobros del SAT y si la petición de protección coincide con una epidemia como la que ataca hoy a la gente, la venia para un perdón fiscal procede incluso de los actuales ocupantes de Palacio Nacional”.

Por eso digo que el olfato político de Alejandro Murat lo ubica en la delantera. Cuando él trabaja coordinadamente con López Obrador y han estrechado lazos en catorce giras por territorio oaxaqueño, apenas ayer un bloque de gobernadores, en voz del mandatario de Querétaro, pidieron al presidente sostener reuniones constantes con los mandatarios estatales y sus empresarios para tomar decisiones de manera conjunta ante la emergencia del Coronavirus.

ROBAR AL POBRE 

El déficit de 10 mil millones de pesos en los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) que fue creciendo desde el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, confirma que esta institución está en manos de verdaderas mafias. Sucesivos secretarios, administradores y líderes sindicales, han operado como verdadera delincuencia organizada. Las consecuencias saltan a la vista en todos los hospitales y centros de salud públicos. Falta de médicos, enfermeras, medicinas e instrumental causan un impacto brutal. La tasa de mortalidad crece alarmantemente porque el 66 por ciento de los 2.7 millones de oaxaqueños, viven en pobreza y pobreza extrema (Inegi 2018). Es decir, no tienen para pagar sanatorios privados y mueren por falta de atención sanitaria adecuada. La situación alcanzará tasas alarmantes con el Coronavirus. 

Decir que los que han saqueado el presupuesto que el gobierno federal autoriza para atender la Salud Pública en Oaxaca, actúan cual mafias, no es ocurrencia. Dos botones de muestra:

Como consecuencia del colosal saqueo del presupuesto del Seguro Popular en Oaxaca, hubo una acción bárbara de parte de una brigada del cartel 22. Secuestraron a dos niños hijos de Salvador Monroy que era el director. 

La insinuación de que era una especie de acción reivindicatoria de los “revolucionarios” del cartel 22 por el saqueo del Seguro Popular, que nadie paraba ni sancionaba, sacudió a la sociedad oaxaqueña. La conjetura tenía lógica por lo siguiente: el director del Seguro Popular era Salvador Monroy. Su cuñado Juan José Álvarez Candiani fue designado por Gabino Cue, proveedor único de esta dependencia. Ambos disponían a su libre albedrío casi 3 mil millones de pesos anuales de presupuesto. A eso se debe que los medios y la propia sección 22, conjeturaban que las huestes radicales del magisterio planearon el plagio como una especie de “ajusticiamiento”. 

La retención de los dos menores en el 2013 suscitó un gran escándalo, pero en el 2018 los activistas del cartel 22 supuestos responsables del plagio, fueron liberados. Fue una de las primeras decisiones del presidente López Obrador. 

Otro dato que coincide con estos tristes sucesos es que ninguna autoridad, ni federal ni estatal, hizo siquiera el intento de investigar la fuga multimillonaria de dinero que debió haber servido para equipar los hospitales. 

OTRO CRIMEN 

Después, en el 2018, ocurrió el asesinato de Rafael Pérez Gavilán, director administrativo de la Secretaría de Salud, como corolario del saqueo más brutal del dinero público que nunca llegó a los hospitales públicos.  Creíamos que nada más ruin podía ocurrir en los SSO después del “Gabinato”. Mañana continuamos con esta negra historia. 

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