Durante toda la semana, los oaxaqueños hemos padecido de nueva cuenta el acoso, los atropellos a los derechos civiles y al libre tránsito, por parte de normalistas, maestros y hasta de hampones dirigentes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuyo dirigente Álvaro Reyes Sánchez, sólo quería una cita, con “su amigo” el gobernador.

Hasta la noche del pasado miércoles se mantuvieron los bloqueos en diversos cruceros de la ciudad y el área conurbada, por parte de operadores de volteos, taxis y moto-taxis, sin omitir los obstáculos a la circulación en el crucero del aeropuerto, Hacienda Blanca y los atracos por parte de normalistas en la desviación a San Lorenzo Cacaotepec. Se prolongaron al día siguiente. La situación de ingobernabilidad que hemos padecido los ciudadanos, es en realidad preocupante. Cualquier desgraciado bloquea vialidades “por quítame estas pajas”; se ha perdido el respeto por la autoridad y el gobierno de Alejandro Murat, sigue creando expectativas de que sólo el diálogo es la fórmula eficaz. Hay hartazgo social; hay encono en contra de aquellos que en medio de esta crisis económica, nos siguen conculcando nuestros derechos.

El ciudadano común lo dice en la calle, en el camión, en los mercados, ya es tiempo de aplicar la ley; ya es momento de ejercitar acciones de fuerza del Estado en contra de facinerosos y delincuentes con la máscara de dirigentes. Hace unos días fue cerrado el basurero municipal, por una caterva de delincuentes. Se dice que los laboratorios de actividades ilícitas se localizan en esa zona. Pero nadie se atreve a tocarlos. Apenas el miércoles, como una gratuita concesión al gobierno estatal y de la ciudad, abrieron el paso a los camiones recolectores. Y todo transcurre como si no pasara nada; como si Oaxaca fuera el remanso de paz de antaño. Porque los jefes y las corporaciones policiales están en otras cosas y los negociadores políticos ya no operan.

Durante toda la semana la ciudadanía ha estado secuestrada, alienada y sometida por esta caterva de facciosos y delincuentes, que recurren a las lacras que operan sus unidades para demostrar fuerza. La CTM, ya lo hemos dicho, es enclave de negocios ilícitos. No es una confederación que defienda el empleo o los intereses gremiales. Es un grupo de delincuentes que a base de amenazas, armas de fuego e intimidación, al igual que los maestros del Cártel-22, han sometido ya al gobierno.

¿Justicia a medias?

Tal parece que lo que se ha privilegiado en la acción de la justicia, en la detención de ex funcionarios del gobierno de Gabino Cué, ha sido más el escarnio mediático que la aplicación simple y llana de la ley. No se trata de poner en tela de juicio la postura vertical y sin duda en apego a derecho del Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, sino los intereses que giran en torno a las personas que hasta el momento han sido detenidas. Por ejemplo, fue muy criticada la práctica liberación, con reservas de ley, del primer ex Secretario de Finanzas del régimen anterior, Gerardo Cajiga, quien desde hace cerca de tres semanas libra el proceso penal en su contra en su domicilio. Se dice que hubo argumentos como su estado de salud, que no fue lo mismo para el también ex Secretario de Finanzas, Enrique Arnaud. No obstante los argumentos de sus abogados, éste retornó a su encierro en el Penal de Santa María Ixcotel. ¿Cómo entender esta disparidad o la aplicación de la máxima juarista: “a los amigos justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas”? La percepción ciudadana es que la ley no se aplica de manera generalizada sino con excepciones y con abierta carta política.

Hace unos días trascendió que el ex Secretario de Salud, Germán de Jesús Tenorio Vasconcelos, había logrado el amparo de la Justicia de la Unión en diversos procesos que se le siguen. Los conocedores del derecho afirman que está con un pie fuera de la prisión y pronto podría alcanzar la libertad, así continúe el proceso. El fiscal Anticorrupción ha declarado a los medios, que se trata de acciones legales, dada la tendencia de los acusados, como en el caso de Cajiga, a cooperar con las autoridades para lograr esclarecer el destino de la suma millonaria de cuyo peculado se les acusa. Lo que han logrado los responsables del Estado en torno a las consignaciones y proceso de los acusados es crear más confusión entre la ciudadanía. Muchos nos preguntamos: ¿valió la pena tanta faramalla mediática para llegar a lo mismo, en que los presuntos responsables de peculado y un quebranto patrimonial multimillonario, alcancen la libertad sin la merecida prisión ni siquiera procesos resarcitorios? Nada le quitará de la mente a muchos oaxaqueños preocupados por la situación económica del erario, hoy en momentos tan difíciles, que todo ha sido una pantalla mediática.