Gremio fracturado y exhibido

Nunca como hoy la fe pública estuvo tan desprestigiada en Oaxaca como lo ha estado en los últimos tiempos. Las denuncias y la inacción del gobierno han contribuido a que hoy, no sólo hayan puesto en evidencias a dicho gremio, ya de por sí balconeado sino que, además, se hayan perfilado dos bandos que han alentado entre sí más rumores dolosos y mutuas acusaciones. Si bien desde que el Fiscal General del Estado compareció ante la Comisión de Impartición y Procuración de Justicia de la LXV Legislatura del Estado, hace más de un mes, pudieron haberse ejercido acciones legales en contra de quienes tienen ya carpetas de investigación. Sin embargo, seguirían cometiéndose otros ilícitos en una carrera que no tiene fin para aplicar la ley. Sin duda alguna, la sospecha de que hay muchos más metidos a fondo en el abominable despojo, impide que se ejercite a la brevedad, acción penal.

El caso es que a través de medios locales y nacionales y, sobre todo, en redes sociales, se siguen ventilando filtraciones, acusaciones, señalamientos y ataques en contra de unos y otros. Se mencionan nombres de quienes estarían orquestando campañas de desprestigio, involucrando a más personas. Se trata pues de una bola de nieve que de unos cuantos señalados por pertenecer al llamado “Cártel del Despojo”, ha ido involucrando a más y más, formando hoy una verdadera avalancha que, por lo que se ve, al gobernador del estado le tiene sin cuidado que se proceda o no, sin reparar en que dicha omisión puede afectarle sus aspiraciones políticas que públicamente ha reconocido. Es esa parálisis del aparato de justicia –insistimos- lo que ha alimentado más el escándalo, de tal suerte que hoy mismo ni se sabe quiénes están en la mira de la ley desde hace meses y quiénes apenas lo están.

Mientras ello ocurre, en sendas notas, el Congreso del Estado ha anunciado reformas a la Ley del Notariado que, según algunos juristas, se propone modificaciones de forma no de fondo, al dejar intacta la potestad del Jefe del Ejecutivo estatal de seguir designando a sus incondicionales, alfiles, lame botas y familiares, como fedatarios públicos. Lo único que tal vez sea rescatable es la intención de vigilar el comportamiento ético de dichos servidores públicos y, en caso necesario, retirarles la patente que, aunque suena utópico, podría ser un antídoto ante tanta corrupción e impunidad.

Sigue linchamiento

Justo cuando en el Senado de la República enviaban a comisiones la propuesta del Ejecutivo Federal para que el Ejército Mexicano y la Marina/Armada de México siga en las calles para salvaguardar la seguridad de los mexicanos y una vez aprobada ya la incorporación de la Guardia Nacional al primero, información difundida en algunos medios de comunicación puso al Ejército en el ojo del huracán por su evidente participación en el caso de la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, Guerrero. Lo anterior desató una serie de actos vandálicos por parte de alumnos de la referida institución contra la Comandancia Militar en dicha entidad, además de un ataque con petardos y cohetones, en el Campo Militar Número 1. Desde que el Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, leyó parte del informe que redactó la famosa Comisión de la Verdad, estaba clara la participación de militares en esos hechos aberrantes.

Sin embargo, en aquello que todo mundo ha calificado como el foro del despecho, del odio y el encono entre los mexicanos conocida como “mañanera”, se arremetió en contra de una periodista del diario “Reforma”, quien recibió de manera burda, una andanada de ataques en redes sociales, luego de que se le señalara como la responsable de haber dado a conocer información que sólo tenían ciertos funcionarios del gabinete del presidente López Obrador y el titular de la FGR.  Es decir, no se cuestionó a los personajes que habrían filtrado la información que involucraba directamente a mandos militares en la desaparición de los 43 estudiantes, sino que se tomó el camino fácil: linchar a quien difundió la información. El asunto pues ha tomado caminos inesperados.

Ello implica que, al interior del mismo equipo de gobierno, los golpes y catorrazos son algo común, asunto que, por supuesto, no percibe el presidente de México, empeñado en estigmatizar a medios de comunicación y periodistas. La persecusión, el señalamiento, la descalificación y las campañas en contra han sido la constante en el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Se presume que hay hasta consigna para soltar a los perros que, a través de las redes sociales, se lanzan como jauría para exhibir o estigmatizar a quienes no comulgan con los sermones de El Mesías, ponen en tela de jucio “su verdad” o, simplemente y haciendo uso de la libertad de opinión y pensamiento, manifiestan su desacuerdo.