Un pueblo sin agua

Lo que hemos vivido en Oaxaca en los últimos tiempos: sequías, tormentas tropicales, ciclones y hasta sismos, con su carga negativa y mortal, se asumen por los especialistas como efectos del cambio climático. En efecto, cada vez con más dureza, la madre tierra nos cobra las facturas de una explotación irracional, de la deforestación y la polución de ríos, arroyos y mares; del uso de energías fósiles para producir electricidad; de la explotación irracional y la anarquía en la mancha urbana de concreto. El tema en sí es muy amplio que, obviamente no abordaremos en este espacio editorial. O decir lo que todo mundo dice saber, pero poco se quiere entender. Lo cierto es que, hoy mismo, en la capital y en todo el estado estamos padeciendo la escasez de lluvias y una brutal sequía que ha lacerado siembras y a la misma sociedad. La falta de agua se ha exacerbado de manera brutal, dejando a miles de citadinos, incluyendo agencias y colonias, sin el vital líquido.

Que se recuerde, ningún gobierno al menos de los cinco sexenios anteriores, salvo tal vez el de Gabino Cué, le puso interés al tema del agua potable. Hubo importantes inversiones para construir obras que permitieran a la ciudad tener un abastecimiento seguro. Durante la actual administración poco se sabe de inversiones al respecto. En estos años el racionamiento y la falta de líquido ha sido lacerante. Tal vez no hemos estado en los niveles de Monterrey, Nuevo León, pero hacia ahí nos encaminamos de no atenderse con prontitud. El único proyecto serio para abastecer de agua potable a la capital y la zona conurbada, el llamado “Paso Ancho”, que se planeó durante el gobierno de Ulises Ruiz (2004-2010), fracasó. Sin duda era un albur traer agua de los escurrimientos de ríos y una presa que se construyó –sin terminarse- en medio de dos pueblos históricamente en conflicto: San Vicente Coatlán y Sola de Vega.

Los mantos freáticos se han secado o contaminado; los pozos profundos que se han perforado en comunidades como San Andrés Huayapan y San Juan Bautista La Raya, son insuficientes, al igual que el flujo que históricamente le dio alivio a la capital: los veneros de San Agustín, Etla. El crecimiento anárquico de fraccionamientos y el huachicoleo de agua potable en el valle eteco, ha dado al traste con las inversiones que se hicieron en el pasado reciente. La verdad es que el pueblo muere de sed, en una temporada que no es precisamente de estiaje.

La lumbre a los aparejos

La seguridad ciudadana es algo inherente al buen gobierno. No se trata de un rubro más, sino uno de los más serios y preocupantes, más aún en un país lacerado por más de 125 mil muertos en lo que va de esta administración federal y, en medio de una sociedad exhausta, temerosa y aterrorizada por grupos criminales que se han adueñado de nuestras vidas, ante la mirada complaciente del gobierno, cuya política de “abrazos, no balazos”, demuestra con creces su fracaso. Los hechos que ocurrieron la semana anterior en ciudades de Guanajuato y en Guadalajara, capital del estado de Jalisco y, posteriormente, en Ciudad Juárez, Chihuahua, dan cuenta de que el Estado, depositario de la violencia legítima, según uno de los grandes de la Ciencia Política, Max Weber, ha sido rebasado por la capacidad de destrucción e impunidad de los grupos criminales. No se trata de crear un baño de sangre, emulando a anteriores regímenes que sí combatieron a los cárteles de la droga y delincuencia organizada, sino de evitar que en su guerra de predominio, afecten el clima de libertades.

Hace al menos tres años, las regiones de la Cuenca del Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec eran el Edén de grupos delictivos y su ejército de sicarios enfermos. En los últimos tiempos tal parece que se dio un desplazamiento de las operaciones criminales hacia la Costa y los Valles Centrales. Sin embargo, no se sabe si porque en los últimos meses del gobierno de Alejandro Murat se pretenda seguir con la estrategia fallida puesta en marcha por el presidente López Obrador o por querer salir limpio y sin mácula de su administración, hay en las instancias que tienen la responsabilidad de la seguridad, una parálisis y apatía inexplicable. Como que la plaza no sólo se entregó políticamente sino, asimismo, desde el punto de vista de las operaciones delictivas.

De seguir esta política del avestruz durante la gestión que inicia el primero de diciembre de 2022, los oaxaqueños debemos estar alerta de que la lumbre no nos llegue a los aparejos y, en breve seamos un Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Guerrero o Zacatecas. Porque tal parece que la connivencia y la complicidad que se dan en distintos órdenes de gobierno y decisión, traducidas en no hacer nada y nadar de muertito frente a la violencia que promueven las operaciones criminales, pueden enquistarse en la entidad y dejar al pueblo en total indefensión. Y ello no debemos permitirlo, por nuestras familias, por nuestras instituciones y nuestra Patria.