Emergencia forestal

Esta semana hemos estado padeciendo con singular fuerza al menos cinco incendios forestales y ello que aún no llega la época de mayor incidencia, que es la sequía. Sea por descuidos o de manera premeditada, hasta en los Valles Centrales se han presentado siniestros, que han sido sofocados por el H. Cuerpo de Bomberos. Aquí se trató de pastizales, sin embargo, en Santa María Peñoles, fueron cientos de hectáreas siniestradas por los citados siniestros. La nube de humo se podía ver desde la misma capital. Los esfuerzos para sofocarlo, se dice, fueron en verdad heroicos. En efecto, en los cientos de comunidades oaxaqueñas que viven entre bosques y aprovechan los mismos, no existen los elementos necesarios para protegerse de estos siniestros. Por fortuna, tenemos comunidades de la Sierra Sur, como Santiago Textitlán o San Pedro El Alto, en donde aquellos que viven de la explotación forestal, se han capacitado en el combate a incendios.

La cuestión no es tan simple. Más allá de capacitar a las autoridades municipales; del funcionamiento –que ya es muy escaso- de los comités municipales de protección civil, que se pusieron de moda en 1999, luego de los sismos del mes de junio y septiembre y de la orientación que den las autoridades a los comuneros, se requiere de cursos de capacitación para la prevención de desastres. La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCO); la Comisión Estatal Forestal (Coesfo), por parte del gobierno estatal y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) –o lo que queda de ella- por parte de la Federación, deben emprender acciones en la atomizada estructura municipal oaxaqueña, particularmente en zonas de alto riesgo a los incendios forestales.

No se trata de adoptar posturas irrisorias como las que se han visto en años anteriores, del arribo de cuadrillas de dos o tres empleados de la Coesfo o CEPCO, avituallados con palas, picos y extinguidores, sino de formar entre los comuneros una cultura de defensa ante este tipo de siniestros. Ya se han perdido vidas en este tipo de incidentes, a raíz de que nadie se ha preocupado por enseñarle a la gente del campo, cómo enfrentar dichos desastres. La organización comunitaria es uno de los factores más importantes, además, por supuesto, de las medidas de prevención que se adopten para evitar emergencias. Los incendios de bosques y pastizales ya están aquí y hay que enfrentarlos.

Usura y explotación

Seguramente la Comisión Nacional para la Protección de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), ha recibido muchas quejas, sobre todo a adultos mayores, de empresas de servicios de préstamos y créditos, que cobran altos intereses y a plazos muy largos. Si bien es cierto –y ello se vio con las enormes filas de campesinos y personas mayores afuera de los bancos, en plena emergencia sanitaria- que hay beneficiarios de programas sociales que no cobran en tarjeta, pues carecen de cuentas bancarias, sino en cheque, el cual tienen que ir a hacer efectivo al banco, hay otros a quienes les pagan sus apoyos por transferencia. Pues bien, hay datos de personas con préstamos en negocios de usura no mayores a los 10 mil pesos, a dos o tres años, a quienes les retiran los intereses –el capital, nunca acaban de pagarlo- de los apoyos que les otorga la Secretaría de Bienestar.  

Ello implica que, sin poner en tela de juicio los hábitos de cada uno de los beneficiarios, el dinero que les otorga el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, va a dar, justamente, a las citadas sociedades financieras, que explotan a placer a sus deudores. ¿Cuál sería la respuesta del primer mandatario, al enterarse de dicha situación? Y es que ahí se pierde la esencia del programa, pues muchos contrataron para sobrevivir dichos préstamos, inclusive pensionados que se retiraron del servicio con pensiones raquíticas, insuficientes para llevar una vida más o menos decorosa. Gracias a ello se observan en parques, en el Centro Histórico de la capital o en atrios de algunas iglesias, a personas mayores deambulando o solicitando la dádiva ciudadana. Otros más, imposibilitados de poder sobrevivir con sus pensiones y aún con los apoyos de la Federación, se ocupan como empacadores en los supermercados, hoy en receso como precaución para evitar contagiarse de Covid-19.

Las autoridades hacendarias y financieras deben investigar a fondo las operaciones de los citados negocios, para evitar que la usura y la explotación de personas mayores, dé al traste con el loable propósito del gobierno federal de darles un aliciente a su ya desgastada vida. En primer término, prohibir que los apoyos de los programas de Bienestar se les siga alimentando. Se trata de una incongruencia que debe ser subsanada con medidas enérgicas. Al menos que aquellos que por necesidad tuvieron que recurrir a contratos leoninos, tengan la satisfacción de liquidar sus adeudos y a su capacidad, después de recibir su dinero.