Pobreza presupuestal

Es un secreto a voces que el sistema de salud en el país está pasando por sus peores momentos. La creación del Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar (Isabi) colapsó todo lo que se había avanzado en materia de atención a las clases más vulnerables. Y es que sin reglas de operación y mandando a la calle a quienes durante años se desempeñaron en dicha tarea, no fue la mejor decisión gubernamental. En descargo de la responsabilidad que le compete al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, éste ha responsabilizado a personajes que, según se sabe, poco o nada tienen que ver con la problemática, más aún, dichos señalamientos han sido considerados como un intento torpe y banal para cargarles a otros la culpa del desabasto de medicina que, recae absolutamente en el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, es decir, el actual régimen.
Sin embargo, tal parece que las declaraciones y las acciones de algunos funcionarios distan mucho de la realidad que viven los oaxaqueños. Por ejemplo, la semana pasada se difundió una fotografía del titular de los Servicios de Salud en el Estado (SSO), Donato Casas Escamilla, recorriendo los pasillos del Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán, pues, según afirmó, era para instalar un cerco sanitario en prevención de evitar los brotes de coronavirus, procedentes de China. Paradójicamente, un día antes, luego del accidente de un camión del Ejército Mexicano en las cercanías de Ixtlán de Juárez, en donde hubo cinco muertos y más de 25 heridos, en el Centro de Salud de dicha comunidad no había ni gasas ni alcohol, para darle a los heridos los primeros auxilios.
Es decir, ya nos asumimos una potencia mundial enfrentando una pandemia que se ha diseminado por varios países del mundo, cuando carecemos de lo más elemental. Sin embargo, a menudo escuchamos o leemos declaraciones en el sentido de que ya se ha suministrado el medicamento para los niños con tratamiento de cáncer, sin que haya los elementos necesarios en nuestras comunidades para hacer frente a un padecimiento común, como la gripe, por ejemplo. Queda claro pues que, a más de tres años de iniciarse este gobierno, seguimos arrastrando los resabios de la miseria y la falta de recursos para atender la prioridad, que es la salud de los oaxaqueños. Una vez más se pone de manifiesto la versión oficial y lo que advierte la ciudadanía. Dos verdades, dos formas de entender la cruda realidad oaxaqueña.

Podredumbre justiciera

La sentencia del Poder Judicial de la Ciudad de México, en contra del doctor Sergio Aguayo Quesada, condenado a pagar 10 millones de pesos por una frase pronunciada en contra del proceso que libraba en ese entonces el ex presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, cimbró a todos aquellos que hemos ejercido el periodismo con más libertad que restricciones, al amparo de nuestra Constitución. Pero más que ello, ha formado un hito en la historia la atracción que al respecto dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al revisar el caso y darle a Aguayo, articulista del diario Reforma y maestro en el Colegio de México, la certeza de que, en este país, aún hay justicia vertical y no la torcida que acostumbran aquellos que politizan los casos.
Solapados por el nuevo gobierno, hay casos en realidad burdos, como es el caso del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna y del Señor de las Ligas, René Bejarano, quien habría exigido la permanencia de delincuentes de alta escuela, que recién se fugaron con la complicidad de funcionarios y custodios, justo cuando se vencía el plazo para definir su proceso de extradición a los Estados Unidos. Se sabe que no son especies menores, lo cual evidencia la podredumbre del sistema judicial que sigue adelante con la sentencia juarista: a los amigos justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas. Esta situación, que ha puesto en evidencia el sistema de justicia en este país, parece pasar desapercibido para el gran orquestador de la farsa del cambio, cuyos fantasmas no acaban de desaparecer.
Todo lo anterior es sólo un telón de fondo para la llamada Reforma Judicial que tienen entre manos algunos personeros de AMLO, como es el caso del Procurador General de la República, Alejandro Gertz Manero, que en una celada jurídica tiene preparada para enviar una iniciativa de reforma en la cual se habrán de conculcar nuestros derechos, la presunción de inocencia, los artículos del sistema judicial adversarial y otros, para hacer de cualquier ciudadano sujeto de investigación, cual si fuera criminal. Por fortuna no ha llegado a las Cámaras de Diputados y Senadores, pero no tarda. Esta situación terminará por ubicar al llamado gobierno de la 4T, como una simulación o remedo de dictadura. Esperemos que no sea su ocaso.