El sábado pasado, en el peligrosísimo tramo carretero entre la ciudad de Oaxaca y Tlacolula de Matamoros, ocurrió un accidente mortal, en el que se vio involucrado un taxi foráneo y un automóvil particular, cuyo saldo fue de siete personas fallecidas: seis viajaban en el taxi y uno del auto particular. Este tipo de accidentes son comunes en nuestras carreteras, habida cuenta de la velocidad con la que conducen los operadores de este tipo de vehículos, que no cuentan con la mínima protección como otros automóviles de nuestro tiempo. El transporte concesionado en nuestra entidad, como son los miles y miles de pequeñas unidades que sirven como taxis foráneos, nos hacen ver como un pueblo atrasado, sin un sistema de transporte digno y decoroso, como en cualquier otra entidad del país. Es impresionante la cantidad de accidentes en que se ven involucrados a diario, muchos de ellos mortales, de los que poco se les pide cuentas a los concesionarios, la mayoría de ellos organizaciones sociales, dirigentes y hasta autoridades municipales. Y es que dicho sistema ha crecido de manera irracional y con grandes intereses de centrales obreras y otras dentro. Ello ha impedido que Oaxaca pueda tener otro tipo de transporte masivo. Simplemente plantearlo es echarse encima a toda esa mafia de concesionarios que, ante cualquier eventualidad venden las concesiones a precios exorbitantes.

Una vez que se conozcan los peritajes, la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), que es el dependencia responsable de regular el servicio publico, debe instrumentar medidas enérgicas para sancionar a los operadores y concesionarios. No se sabe a ciencia cierta si los pasajeros que viajan en este tipo de unidades cuentan con seguro de vida o si, se les respalda en casos de siniestro. Pero también algo debe hacerse para iluminar o señalizar ese tramo carretero que es, según se comenta en las empresas aseguradoras, uno de los más peligrosos del país. Urge forjar mecanismos de seguridad y operativos carreteros para inhibir la circulación de carros robados, de conductores ebrios o autos que no tienen las condiciones necesarias para transitar en carreteras. Operadores de taxis foráneos son sometidos a jornadas ilegales de trabajo, al igual que algunas empresas cuyas unidades viajan a la Costa oaxaqueña o al Istmo. La lucha por conseguir la cuenta del día y algunos pesos más, hace que se exponga la vida de los pasajeros de manera absurda e innecesaria.

Obstáculos al progreso

Desde tiempos antiguos, el Istmo de Tehuantepec ha sido considerado como una de las regiones del mundo más estratégicas y ubicadas en una situación geográfica envidiable. La cercanía de los dos océanos le ha hecho estar en medio de las grandes expectativas de la geopolítica mundial. Los yacimientos de recursos minerales, la existencia de un puerto de altura en el Pacífico Mexicano y hoy, la posibilidad de explotar la energía que producen los intensos vientos que azotan la zona, han puesto al Istmo en medio de los grandes proyectos de desarrollo mundial. El ejemplo está en que durante el mes de diciembre, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmara la declaratoria de Salina Cruz, como Zona Económica Especial (ZEE), que le permite tener acceso a los recursos millonarios que se destinarán a dicho proyecto nacional. No obstante lo anterior, hay también algunos que le apuestan al fracaso de cualquier proyecto de desarrollo que emprendan los gobiernos federal, estatal, municipal o de la sociedad civil. Para quienes lideran a dichas organizaciones y grupos, hay que dejar las cosas como están: que el pobre siga siendo pobre y que el desempleado continúe en empleos marginales. Hacer lo contrario implica perder el negocio de la falsa lucha social.16Es el caso de algunos grupos que pululan en Juchitán de Zaragoza o en la zona norte del Istmo, que insisten en que los proyectos eólicos son nocivos para los pueblos indígenas, para el medio ambiente y sobre todo para aquello que conocen como “territorio indígena”. Obviamente se trata de vividores de esa bandera, la cual explotan a placer. Quienes conocemos un poco la historia contemporánea de Oaxaca sabemos a ciencia cierta cómo se las gasta la Coalición Obrero Estudiantil del Istmo (COCEI), la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), los supuestos defensores de la tierra y otros especímenes que hoy mismo viven como reyes, gozando de supuestas medidas cautelares que les otorgó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), a donde se quejaron de presuntas amenazas. Todos ellos tienen nombre y apellido. Y en ellos hay que ver la trampa en la que cayeron los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al otorgar un amparo en contra del establecimiento del parque eólico, por parte de la empresa “Eólica del Sur”. Los argumentos son tal vagos como falsos, pues no se cree que empresas que habrán de generar energía limpia y sanear el medio ambiente, vayan afectar a campesinos o indígenas.