PTEO y pandemia

1).- Una visión obtusa

Si hay un gremio obtuso, fanático y cerrado a nuevas ideas y tecnologías, ese es el magisterio afiliado a la Sección 22. También le llaman Cártel 22. El apelativo no es fortuito. Sin exagerar, ha creado un clima de terror entre sus agremiados a través de una red de jefes de sector, supervisores y directores, que vigilan como halcones lo que hacen o dejan de hacer sus maestros (as). En 2013, cuando se aprobó la cuestionada Reforma Educativa, echó pestes. Propuso una tropicalización de la misma. Con la bandera de que Oaxaca es una de las entidades más pobres del país, multiétnica y pluricultural, la torpedeó a placer. Y se sacó de la manga una genial impostura: el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO). Este fue calificado por expertos en el tema educativo como un instrumento, no para educar sino para adoctrinar. Es decir, nada de educación. Eso sí, mucha ideología.

Aunque en los últimos años le ha bajado a su activismo, con esa potestad que asume de ser amo y señor de la educación pública en Oaxaca, el Cártel puso en marcha su plan. Pero este no contempla situaciones de emergencia como la que vivimos. Ante la propuesta gubernamental de clases por TV o internet, a partir del pasado 24 de agosto, de inmediato la tildaron de excluyente y discriminatoria. La aceptaron a medias. Un argumento: la presunción de que el gobierno quiere eliminar a los maestros en el proceso enseñanza-aprendizaje. Nada más lejos de la realidad. El binomio maestro-alumno es insustituible.

2).- Una realidad compleja

Es evidente que, en materia de comunicaciones, luz, agua potable, salud, alimentación, etc., Oaxaca es una realidad aparte. Y quien tiene el pulso de ello es, justamente, el magisterio. Sobre todo, el que labora en los sitios más recónditos de la geografía estatal. Sabe que hay hogares que no tienen luz eléctrica. Obvio, ni radio ni TV, menos internet. Y ello es un gran vacío en sus jornadas de “lucha” a favor de los pobres y desposeídos. El magisterio exige mejores condiciones laborales, escuelas dignas, más salario, es decir, quiere estar como una ínsula en un entorno empobrecido. Se opone por sistema a todo lo que huela a nuevas tecnologías. Un importante sector desconoce el uso de plataformas digitales. Vive pues, en la prehistoria, aún en espacios urbanos y suburbanos.

3).- Pandemia y PTEO

Desde el 20 de marzo que inició la contingencia por el Covid-19 y con ello las restricciones a las clases presenciales. Los centros de trabajo fueron cerrados. En efecto, la prioridad del gobierno estatal ha sido la salud de alumnos y maestros. Desde la SEP se prohibieron reuniones, juntas de padres de familia, citas para aseo de escuelas. Más aún, reservas en inscripciones y reinscripciones. Todo virtual. Pero el rechazo al uso de la computadora e internet, es más que evidente. Otro gran vacío en el PTEO, que se orienta más a lo tradicional e inoperante: colectivos, comunalidad, ideología, politización. Ha soslayado la capacitación en tecnologías de la información. Para el Cártel, la educación de más de un millón de educandos en el sistema educativo oficial para el que labora, no ha sido su prioridad. Lo es, la lucha social, la protesta callejera y el discurso neo-populista.

4).- Llevar la “contra”

Oficialmente el ciclo escolar 2020-2021 inició el pasado 24 de agosto. Pero la dirigencia sindical convocó a los colectivos escolares y comunales, a “realizar un análisis crítico de la realidad, para diseñar nuevas estrategias educativas”. Obviamente, en el marco del PTEO. Nada fuera de él. En sus propias palabras, un proyecto alternativo, para aplicarse a partir del 7 de septiembre. Sin embargo, el tiempo está encima y no se ve por ningún lado que ello represente una innovación para estos tiempos en que, la prioridad es, asimismo, salvar el ciclo escolar y no añadir a la tragedia de la pandemia, el daño educativo.

BREVES DE LA GRILLA LOCAL:

—Vaya show mediático el que montó el gobierno poblano, en el que señala que durante los gobiernos de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fayad, cuatro ex secretarios generales de Gobierno, entre ellos Diódoro Carrasco Altamirano, ex gobernador de Oaxaca, y seis ex secretarios de Finanzas y Administración, habrían dispuesto de más de 241 millones de pesos de la llamada “partida secreta” que, aunque inscrita en la Ley de Egresos, ahora el gobernador Miguel Barbosa quiere lavarse la cara y equiparla con el “Affaire Lozoya”, en donde sale embarrado.

Fuentes poblanas afirman que, detrás de la denuncia que se presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, estaría Florencio Madariaga, ex subprocurador Jurídico y Normativo del Estado de Chiapas, quien fue detenido en España, en 2006, como presunto responsable de asociación delictuosa, pero que hoy funge como “ministro sin cartera”, conocido también por litigios dudosos, derivados en extorsión y en hacerles manita de cerdo a sus clientes. La idea –dicen– es reposicionar la imagen de Barbosa, marcada por uno de los índices más bajos de popularidad en el vecino estado. A Madariaga se le ha relacionado con un abogado oaxaqueño, curiosamente, cercanísimo a Carrasco Altamirano.

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