Intromisión de la autoridad a un domicilio
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Opinión

Lecciones Constitucionales

Intromisión de la autoridad a un domicilio

 


En esta lección, trataremos dos casos en donde existe la intromisión de la Autoridad a un Domicilio y el consentimiento, se trata el libre derecho a la privacidad y el caso de la intromisión en caso de flagrancia:

En registro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2028883 Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Penal, Constitucional, Tesis: 1a. X/2024 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Mayo de 2024, Tomo II, página 2258, Tipo: Aislada.

INGRESO DE LA AUTORIDAD AL DOMICILIO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL. PARA CONSIDERAR CONSTITUCIONAL EL CONSENTIMIENTO DEL HABITANTE, DEBE CONSTATARSE QUE EFECTIVAMENTE SE TRATÓ DE UN EJERCICIO LIBRE DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 290, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES).

Hechos: Una persona fue condenada por el delito de secuestro agravado con base en pruebas obtenidas mediante el ingreso de la autoridad al inmueble donde estuvo resguardada la víctima. El ingreso se realizó sin orden de cateo, pues el Ministerio Público aseguró que obtuvo el consentimiento del propietario para ingresar al domicilio. La persona sentenciada promovió amparo directo por considerar inconstitucional el precepto aludido, que establece que el ingreso a un lugar cerrado sin orden judicial estará justificado cuando se realiza con el consentimiento de quien se encuentre facultado para otorgarlo.

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que para considerar constitucional el supuesto previsto en el artículo 290, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite el ingreso de la autoridad a un domicilio con el consentimiento del habitante, debe constatarse que efectivamente se trató de un ejercicio libre del derecho a la privacidad.

Justificación: El ingreso al domicilio sin orden judicial no es, en estricto sentido, una excepción a la orden de cateo, sino que se trata de una intromisión justificada, de manera limitada, que debe cumplir con determinados requisitos según las circunstancias del caso concreto. Las personas tienen derecho a la preservación de un grado de privacidad frente a las acciones de las autoridades. Por lo que hace al domicilio, al existir una expectativa de privacidad legítima y un grado de privacidad alto, la intromisión domiciliaria debe analizarse bajo un parámetro que tenga como objetivo principal comprobar la validez del consentimiento otorgado por el ocupante.

Contrario a lo que sucede con la orden de cateo y la flagrancia, en el caso de la autorización del habitante del domicilio, su consentimiento es el elemento central del actuar de la autoridad implicada, pues sin él, el ingreso al domicilio se convierte en un acto de molestia injustificado, arbitrario y vedado por el artículo 16 constitucional. De ahí que las circunstancias en que se dio la autorización son esenciales para constatar la validez del consentimiento, pues las condiciones de hecho, como son las circunstancias de tiempo y lugar, el uso de fuerza policial o la situación de urgencia en que se presenta dicha intromisión, condicionan la voluntad de quien autoriza el ingreso a su domicilio.

Amparo directo en revisión 2880/2020. Esta tesis se publicó el viernes 31 de mayo de 2024 a las 10:36 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Otra Tesis, importante está en el Registro digital: 2018698 Instancia: Primera Sala Décima Época, Materias(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CCCXXVIII/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 338 Tipo: Aislada.

INTROMISIÓN DE LA AUTORIDAD EN UN DOMICILIO SIN ORDEN JUDICIAL. SUPUESTOS CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDOS EN CASO DE FLAGRANCIA.

La inviolabilidad del domicilio, reconocida en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 11, numeral 2, y 11, numeral 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, constituye una manifestación del derecho a la intimidad, entendido como la protección del ámbito reservado de la vida de las personas, excluido del conocimiento de terceros, sean estos poderes públicos o particulares. Ahora bien, dicho derecho no es absoluto, pero al existir una expectativa de privacidad legítima que justifica su tutela, la intromisión domiciliaria debe analizarse bajo un escrutinio estricto, partiendo de la base de que su ejecución requiere, como regla, una autorización judicial previa, en la que se motiven la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la injerencia. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 75/2004-PS, determinó que es constitucionalmente válida la intromisión al domicilio sin una orden judicial previa cuando se actualiza la flagrancia delictiva; sin embargo, es de toral relevancia que los operadores jurídicos analicen esta figura jurídica a la luz del actual artículo 16 de la Constitución Federal.

Así, sólo será constitucionalmente válida la intromisión aludida cuando: a) se irrumpa en el lugar al momento en que en su interior se esté cometiendo un delito, por lo que quien irrumpe debe tener datos ciertos, derivados de una percepción directa, que permitan considerar, razonablemente, la posible comisión de una conducta delictiva; o, b) cuando después de ejecutado el injusto en un sitio diverso, el sujeto activo es perseguido inmediatamente hasta ahí, es decir, la intromisión debe derivar de la persecución inmediata y continua del presunto responsable. En ambas hipótesis, lo determinante debe ser la urgencia del caso, de modo que la intervención se torne inaplazable, ya sea para evitar la consumación de un ilícito, hacer cesar sus efectos o impedir la huida de quien aparece como responsable.

 

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