Sospechas en el TEE
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Sospechas en el TEE

 

En los mensajes de su primer informe de gobierno, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, destaca su decisión de combatir la impunidad y hacer realidad la transparencia gubernamental. El énfasis que pone cuando habla de acotar la opacidad en su administración, despierta expectativas. Parece que este mensaje va también para las instituciones llamadas “autónomas” cuando en realidad no son ni independientes ni honorables.
Una de ellas es el Tribunal Estatal Electoral. Ésta que es la última instancia estatal en el arbitraje electoral, ha estado inmersa en una serie de escándalos de corrupción y señalamientos directos entre sus tres magistrados. Lo increíble es que en ese tribunal todo siga igual. Uno de los casos más escandalosos motivó la remoción del presidente.
Puse en el ESCAPARATE del 29 de mayo pasado que una de las expresiones de corrupción en los niveles de la impartición de justicia, la profirió públicamente el magistrado del Tribunal Estatal Electoral Wilfrido López Sánchez. Siendo aún presidente de este tribunal, denunció que su homólogo Víctor Manuel Jiménez Viloria le pidió un millón de pesos a cambio de apoyarlo para mantenerse en el cargo.
Luego de su remoción como magistrado presidente, López Sánchez denunció a Jiménez Viloria, familiar del actual diputado local panista, Juan Mendoza Reyes, de chantajearlo. Le ofreció apoyo, siempre y cuando le entregara el recurso solicitado. Mencionó que el intento de extorsión lo tiene documentado en un papel escrito por el propio Jiménez Viloria, donde le exige el millón de pesos mensuales. “Es un papel verde escrito por su letra y dice deme un millón de pesos mensuales”.
Esta parecía ser la máxima expresión de corrupción en esa institución tan denigrada. Dije que parecía ser la cúspide de los vicios en ese tribunal pero no fue así. Hay algo más criticado y sospechoso. La reciente decisión de aprobar el registro del partido Lexie, cuando apenas unos días antes, el diario El Universal, alertó sobre sospechas de que los impulsores de este partido podrían estar ligados a actividades ilícitas.
La nota indicaba que “narcofamilia quiere su partido en Oaxaca”. En el texto de la nota se cita que la asociación civil Lexie, que busca el registro como Partido de Mujeres Revolucionarias de Oaxaca, “es dirigida por Guadalupe Díaz Pantoja, hija de Jesús Díaz Parada, “Don Chuy”, uno de los líderes del añejo Cártel de Oaxaca, fundado por Pedro Díaz Parada, su hermano”.
Con el voto en contra del magistrado Miguel Ángel Carballido Díaz, sus homólogos Raymundo Wilfrido López Vásquez y de Víctor Manuel Jiménez Viloria, avalaron el registro como partido político a la Asociación Civil Lexie, denominado “Mujeres Revolucionarias”. No dejó de sorprender la revocación que hicieron del dictamen del Instituto Estatal Electoral que, en primera instancia, les negó el registro por no llenar todos los requisitos que establece la ley.
Hay litigantes que ven en el TEE rescoldos del desastre que dejó el “Gabinato”. Sobre los magistrados hay sospechas de su proclividad a ser factor de arreglos a modo. Los alcances de estas conjeturas se sabrán cuando se conozca la resolución de las otras dos instancias que, necesariamente, tendrán que intervenir para anular o ratificar el registro del nuevo partido estatal. Me refiero a la Sala Regional de Jalapa, Veracruz, y el Tribunal Federal Electoral.
Si en el litigio que necesariamente ira a las instancias federales, echan abajo -una vez más- la resolución el desprestigio será mayúsculo. El Tribunal Electoral de Oaxaca perderá credibilidad total hasta quedar reducido a una entelequia.
Expertos en temas electorales comentan que, dada la desconfianza que se ha ganado el TEE, no es de dudarse que en las instancias federales les vuelvan a enmendar la plana. Basan su apreciación en los antecedentes que hay en Oaxaca sobre la intención de grupos delincuenciales por adjudicarse espacios de poder político.
Dicen que este no es el primer intento. Recuerdan que en el último trimestre del 2013 se dio el caso de Luis Díaz Pantoja, diputado plurinominal electo por Nueva Alianza para el Congreso de Oaxaca. Fue aprehendido a unos días antes de tomar posesión, acusado de pertenecer al narcotráfico.
Fue tal el escándalo que ese acontecimiento reabrió el debate en el Senado sobre la necesidad de reformar el fuero que tienen los legisladores, para evitar que sea un recurso de impunidad.
A la polémica entró el entonces líder del PRD en el Senado, Luis Miguel Barbosa, dijo que la captura de Díaz Pantoja “refleja la urgencia de resolver el dictamen sobre el fuero constitucional, que ya es minuta y está en la reforma electoral para que ningún servidor público tenga fuero procesal (…) pero no se ha avanzado”.

El dictamen

En la sesión para el dictamen del pasado día 10, en su intervención el magistrado presidente del TEEO, Miguel Ángel Carballido Díaz, mencionó que la organización “Mujeres Revolucionarias” no presentó oportunamente las afiliaciones exigidas por la Ley General de Partidos Políticos, aunque intentó hacerlo fuera de tiempo.
Se escuchaba como un argumento simulado pero Carballido dijo que “los requisitos para la constitución de un partido político están en una Ley General, una Ley General que por supuesto paso por todos los filtros de constitucionalidad, que incluso fue revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia no encontró dentro de estos requisitos algo que fuera desproporcional y no razonable”.
Por su parte el magistrado, Víctor Manuel Jiménez Viloria, argumento que la reforma que se realizó al artículo primero constitucional en el 2011 establece que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias están obligadas a interpretar las normas relativas a derechos humanos, favoreciendo en todo momento a las personas y sobre todo otorgándole la protección más amplia.
En tanto el magistrado, Raymundo Wilfrido López Vásquez, mencionó que todo juzgador cuando advierte que viene ante él un grupo vulnerable, no puede echar mano de la aplicación de un estricto derecho, sino que tiene que implementar medidas que puedan disminuir esa carencia de oportunidades y esas desventajas a las que históricamente se han enfrentado, en este caso específico las mujeres y las indígenas.

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