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MENUDO lío que recibirá el próximo secretario de Seguridad Pública. Todavía no llega al cargo (ni siquiera hay confirmación de quién será, aunque ya suenan decepciones) y ya les heredaron problemas. Uno, en la Subsecretaría de Reinserción Social.

ESTA subsecretaría se encarga de la guardia y custodia –cuida física y psicológicamente– de los internos y del respeto sus derechos humanos. Algo en realidad utópico.

HOY hay, en el estado de Oaxaca, cerca de cuatro mil presos, distribuidos en ocho Centros de Reinserción Social (CERESOS). Algunos penales fueron cerrados en los últimos años y sus ocupantes pasaron al CERESO de TANIVET, un penal –según se proyectaba– acorde a lineamientos modernos con todo para tener, desde un Centro de Control, absoluta vigilancia a través de 600 cámaras colocadas estratégicamente por todas las áreas de la prisión.

EN TANIVET hay custodia en todo el interior y la vigilancia exterior, está a cargo de la Policía Estatal. No obstante, desde dentro, me indican, esto NO ha impedido la corrupción y con ésta el acceso de los vicios convencionales de todas las prisiones; estupefacientes, armas, “mesa directiva” (presos que lideran y controlan el destino de los demás reclusos y controlan negocios FURTIVOS dentro de penales), entre otras lindezas.

OTRA BOMBA de tiempo, son los trabajadores de esta Subsecretaría de Reinserción Social. Por un lado, los sindicalizados –tan innecesarios que en los casi tres años de pandemia NO “laboraron”– que, una vez superada la etapa crítica del COVID comienzan a “reincorporarse” gradualmente. En enero regresan totalmente.

ESTO, sin embargo, lejos de ser una ventaja, NO contribuye al funcionamiento eficaz de un penal. Vuelven con sus viciadas prácticas sindicales de rechazar órdenes de sus jefes, de lograr la remoción de subdirectores o de cualquier jefe que se atreva a pedirles HACER su trabajo.

PEOR aún, la actual delegación sindical (una más de las que tienen como cabeza a JOEL CASTILLO) DUPLICARÁ a sus actuales 112 agremiados de Tanivet (25 nuevas plazas y 80 empleados provenientes de la Penitenciaría Central que cerró). Es decir, llegarán más sindicalizados a manotear hasta porque su nuevo centro laboral esté lejos de la ciudad. Esto sin lugar a dudas, causará mucho ruido a los altos mandos y lo tendrán que resolver. No duden que, con cargo al erario, los sindicalizados terminen con camiones de traslado gratuito al penal de TANIVET y bonos extra (por la distancia).

ME ASEGURAN que en la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (antes Consejo de Tutela) se vive el mismo problema.

Y LA CEREZA del pastel para el próximo secretario de Seguridad Pública, son las demandas laborales del personal despedido, ya que éstos han ganado juicios cuya suma frisa los 18 millones de pesos.

EN TÉRMINOS legales, son juicios que han causado “ejecutoria” (sentencias firmes) y condenan a la secretaría a pagar, pero la actual administración posterga su cumplimiento. -Que la bomba le estalle al que viene- dirán. Porque si no pagan ya, el que llegue deberá hacerlo apenas tome el cargo. Caso contrario, los expedientes se judicializarán y en virtud de que “se acredita el delito de Incumplimiento a un mandato judicial”, el titular de la Secretaría se haría acreedor a pena privativa de libertad de hasta 6 meses sin derecho a otra medida alternativa. Es decir, desembolsarán raudamente sin chistar una parte del presupuesto. Veremos si se ponen listos y obligan a la actual administración a resolver sus problemas antes de que se marchen.

 

PRESIONES

EN LO DICHO, LÓPEZ OBRADOR, en el caso Ayotzinapa, prometió justicia, fue su gran bandera electoral. TANTO desestimó la verdad histórica de Enrique Peña –que sostenía que el grupo delictivo Guerreros Unidos asesinó e incineró a los normalistas de Ayotzinapa en un basurero en Cocula, Guerrero, que a los jóvenes los detuvieron policías municipales y que éstos los entregaron al cártel– que ahora, el desmantelamiento de esa mentira, le trajo una verdad “incómoda”; miembros de todos los niveles de la SEDENA, la gran aliada de su gobierno, estaban implicados. Esto de acuerdo al informe presentado por quien encabeza de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia y subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Los militares NIEGAN su culpa, alegan manipulación y politización del caso.

No obstante, tanto el informe sin censura de Peniley Ramírez (que fue condenado por el mismo Encinas) condujeron finalmente al mismo señalamiento.

AYOTZINAPA dio tantos votos a LÓPEZ OBRADOR, que ahora que se le revierte la verdad y lo enfrenta al ejército. Debe decidir; o respalda a la SEDENA o responde a su “pueblo bueno” aplicando la ley tal cual. Con lo marrullero que es defenderá a los poderosos y a los otros, pues les lavará el cerebro y asunto resuelto, pensará que la credibilidad y los votos los conservará, pero… algún costo tendrá.

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