ZURDA: El poder de la mafia
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Opinión

ZURDA: El poder de la mafia

 


RUTH ZAVALETA SALGADO/EXCÉLSIOR

El papa Francisco fue contundente: “¡Cuantos asesinatos en México! …” fue parte del mensaje que emitió para expresar su consternación por el cruel asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora Salazar en la comunidad de Cerocahui, Chihuahua. Las expresiones de indignación en México ya se habían extendido desde el martes 21, cuando se supo la noticia.

Un día antes (el mismo en que sucedieron los asesinatos), la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer las nuevas cifras del dolor. Con un esfuerzo mal logrado, Rosa Icela Rodríguez trató de disfrazar los datos que evidencian el incremento de homicidios dolosos entre el mes de abril y mayo: De 2,554 a 2,833. Con estos números, mayo de 2022 se convirtió en el mes más sangriento desde que se registran las estadísticas. Pero, además, falta sumar los desaparecidos, que mes con mes se incrementan.

No hay duda, los datos son duros, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador se lave las manos, ya lleva más de tres años en el gobierno y le falló a los mexicanos en materia de seguridad pública: 121,655 homicidios dolosos y más de 100,000 desaparecidos. No es una sorpresa, desde que inició este sexenio, no hay estrategia de seguridad pública y la impunidad y falta de procuración de justicia persisten.

Sólo así puede explicarse que el presunto asesino de los jesuitas en la sierra Tarahumara, José Noriel Portillo, alias El Chueco que ya había sido señalado por el propio exgobernador, Javier Corral de ser responsable del asesinato del turista Patrick Braxton

Andrew en el 2018, siguiera libre imponiendo el terror en la zona, en donde, a decir del propio Presidente de la República, hay una fuerte presencia del crimen organizado. Si ya lo sabe, ¿por qué deja que los criminales controlen esa y muchas otras regiones del país? Es real, ahí están los testimonios de personas desplazadas territorialmente por los criminales en Guerrero, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, etcétera, que presenta Humberto Padgett en el noticiario de Ciro Gómez Leyva en Imagen Televisión, son demoledores, son dolorosos.

De esta forma, es evidente que el titular del Poder Ejecutivo comete un error al no querer escuchar los reclamos para modificar las acciones de seguridad. No sólo se lo pide la Conferencia del Episcopado Mexicano, sino diversos especialistas del tema.

Incluso, tiene que recordar que él llegó a la Presidencia porque sembró la esperanza de que iba a enfrentar la corrupción, la violencia, la inseguridad. Aunque ahora diga que esos delitos son del fuero común, sabe muy bien que los gobiernos locales no actúan porque no pueden, no tienen recursos ni económicos ni humanos, porque él los ha concentrado. Incluso, a los gobiernos municipales les retiro los recursos para prevenir los delitos.

Por otra parte, aunque se empeña en echarle la culpa a los presidentes anteriores, una y otra vez repite: Abrazos y no balazos.

Tal vez el presidente cree que el mensaje es recibido por los criminales y lo van a obedecer como si él fuera su líder moral. Pero ellos no le hacen caso, las consecuencias están a la vista, todos los días los balazos de los criminales cobran la vida de cientos de personas. Este sexenio ya es más sangriento que el de Felipe Calderón y, quizás, termine peor que el de Enrique Peña Nieto.

Lamentablemente, no existe ninguna evidencia de que alguien haya gobernado con abrazos y haya logrado pacificar un país.

Tampoco existe lo que supone el Presidente que él representa: el “pueblo bueno” que lucha contra el “pueblo malo”. No hay tal. Aunque el Presidente trate de dividirnos, existe un solo país de ciudadanos agobiados por los problemas públicos que él prometió resolver. Pero fue pura demagogia. Así son los gobiernos populistas. Ganan elecciones con discursos maniqueístas, pero no saben gobernar porque eso implica trabajar en equipo, respetar la ley, actuar sin autoritarismo, sin rencores, con coordinación entre los tres niveles de gobierno y, con el único objetivo de garantizar los derechos de todos los ciudadanos.