Ediles tercos y conflictivos | El Imparcial de Oaxaca
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Editorial

Ediles tercos y conflictivos

 


En el infierno de bloqueos carreteros y protestas que ha padecido la ciudadania oaxaqueña en los últimos días, el papel de algunos presidentes municipales tercos, obtusos y torpes es indiscutible. Por ejemplo, durante al menos una semana, vecinos de San Pedro Huamelula cerraron la carretera 200, entre Huatulco y Salina Cruz, para protestar por la falta de obras del presidente municipal de dicha comunidad, además de no darle solución al diferendo que tienen que su vecina, Santa María Huamelula. Las afectaciones para pasajeros, automovilistas y transportistas, particularmente para el turismo que llega al destino citado, fueron brutales. Es ya un hábito de esta gente cerrar la carretera por cuestiones evidentemente domésticas, cuyos coletazos dañan no sólo la paz y la estabilidad sociales, sino la economía y el libre tránsito. Hay que recordar que no es la primera vez que esta población utiliza este método tan abominable para hacerse oir.

Otro caso. Desde hace más de una semana, vecinos de San Marcos Zacatepec, perteneciente a Santa Catarina Juquila, han bloqueado la carretera que comunica a esta población con Río Grande. Se trata de una vía corta para llegar de esta parte de la carretera costera 200, al Santuario de Juquila. Se trata una vez más de la apatía del edil de esta población para atender las demandas de sus agencias. El bloqueo, se han mantenido con los daños colaterales ya mencionados. Al igual que el que montaron desde el pasado jueves, al menos una decena de agencias municipales, pertenecientes al conflictivo municipio de San Juan Mazatlán, Mixe, cuyo deporte favorito es bloquear la Carretera Transístmica. Y lo han hecho una y otra vez, en contra del obtuso presidente municipal, Macario Eleuterio Jiménez que, de manera reiterada, les niega los recursos que por ley les corresponden. 

Se trata de tres casos en los que la cerrazón de los ediles genera problemas a la gobernabilidad. Muchos nos preguntamos: ¿y para qué sirve la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, en donde se solapan este tipo de omisiones de los presidentes municipales sin tomar acciones al respecto? Es evidente la apatía de los legisladores (as), más empeñados en obtener recursos de manera ilícita o por debajo de la mesa que actuar cuando las condiciones lo exigen, como es el caso de los tres ediles a quienes mencionamos.

Legisladores(as) opacos y rapaces  

En poco más de diez días, la LXIV Legislatura del Estado concluye oficialmente funciones. Como lo hemos mencionado en las páginas de El Mejor diario de Oaxaca, la misma fue catalogada por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), como una de las más onerosas e improductivas del país. Nosotros le acuñamos otro calificativo: rapaz. Los apelativos no son fortuitos. Estamos ante el fin de la peor legislatura de la historia política del país, cuyos miembros, en su mayoría emanados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), dieron un ejemplo no sólo de ignorancia legislativa –la mayoría venía de otras actividades y ganaron por el efecto López Obrador- sino de voracidad económica, que les hizo gastar en los tres años de gestión poco más de dos mil millones de pesos. Esta cantidad, en un estado con tanta pobreza y rezago como Oaxaca, es un verdadero agravio social.

Es importante subrayar que en dicha legislatura se hizo de todo, menos aprobar leyes o discutir iniciativas viables para los oaxaqueños. Los negocios, el tráfico de influencias, la pelea por la obra pública y el chantaje a gobernador y funcionarios del gabinete, fueron el corolario de una gestión caracterizada por su rapacidad. Cada iniciativa gubernamental, aprobación de cuentas públicas o presupuestos, siempre tuvieron un costo adicional para el erario público: el famoso “pago por evento”. Todo mundo recuerda cuando en 2019, el ejecutivo estatal solicitó la anuencia del Congreso local para solicitar un endeudamiento de 3 mil 500 millones de pesos. Fuentes bien informadas afirman que, de esa cantidad, al menos 200 millones se fueron en sobornos a los y las diputadas.

Poco hay que mencionar de sus decretos traducidos en leyes, algunos con mucho ruido mediático pero nula operatividad, como fue el caso de la Ley sobre Residuos Sólidos, que prohibía la venta de envases de plástico de un solo uso. Fue un fracaso que quisieron endosarle a la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable (Semaedeso), pues nunca ha operado. La venta de dichos envases se sigue dando hasta hoy. Otra más fue la Ley Anti-chatarra, que prohibía la venta de refrescos, dulces o alimentos de alto contenido de calorías a menores de edad, que tampoco llegó a buen puerto. Su aprobación se dio justo cuando miles y miles de pequeños negocios, como tiendas o misceláneas recibían los coletazos de la pandemia. Hasta la fecha, dicha ley es letra muerta.