La calderonización de la política de seguridad pública en el gobierno de Andrés Manuel
¿Estaba Felipe Calderón en lo cierto?
El lunes 11 de mayo, el titular del Poder Ejecutivo Federal nos sorprendió a los mexicanos con la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación titulado: “ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.” Nos sorprendió primeramente porque, durante todo el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien dispuso de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública en todo el país, el ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó permanentemente esta estrategia.
Entonces ¿qué sucedió? ¿qué hizo cambiar de parecer al Presidente López Obrador? ¿será que reconoció, como Felipe Calderón lo hizo en su momento, que únicamente los militares pueden con el paquete de la Seguridad Pública?
Para quienes hemos tenido consciencia sobre la vida política de los últimos años, sabemos que durante la administración de Calderón Hinojosa existió un rechazo generalizado a su política de Seguridad Pública. Independientemente de lo que sabemos hoy en día en cuanto al posible interés y envolvimiento de Felipe Calderón y su Secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado, información que no conocíamos sino hasta ahora, lo cierto es que esta política dejó un mal sabor de boca a todos los mexicanos, por las razones siguientes: i) no logró su cometido, es decir, no se logró erradicar la violencia en el país, sino todo lo contrario, la exacerbó; ii) se documentaron incalculables desapariciones de personas; y, ii) se violaban sistemáticamente los derechos humanos, no únicamente de quienes eran procesados por algún supuesto delito, sino de la población en general.
Quizá por este motivo es que el entonces candidato López Obrador, propuso en su campaña electoral la “normalización” de las actividades de las fuerzas armadas. Su slogan fue “regresar a los militares a los cuarteles”. Enseguida, ya como Presidente de la República se obligó a través del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 a lograr que el “… Ejercito Mexicano y la Armada de México conservarán sus tareas constitucionales en la preservación de la seguridad nacional y la integridad del territorio del país, la defensa de la soberanía nacional y la asistencia de la población en casos de desastre…” Pero, más adelante reviró: “… Ante la carencia de una corporación nacional de policía profesional y capaz de afrontar el desafío de la inseguridad y la violencia, es necesario seguir disponiendo de las instituciones castrenses en la preservación y recuperación de la seguridad pública y el combate a la delincuencia por un periodo de cinco años, que termina en 2023, en tanto se completa la formación de la Guardia Nacional.” A partir de entonces anunció que, durante cinco años de los seis que durará su administración, utilizaría a las fuerzas armadas para tareas de seguridad.
Además de lo anterior, el 26 de marzo del 2019, cuando se publicaron las reformas que constituyeron a la Guardia Nacional en el Diario Oficial de la Federación, advertimos que, en el Artículo Quinto Transitorio, el Poder Legislativo autorizó al Presidente a “…disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, durante los cinco años posteriores a la entrada en vigor de dichas reformas, es decir, hasta el final del mandato de López Obrador. Esto, en concordancia con su Plan de Desarrollo.
Ahora bien, por otro lado, el contexto de la seguridad pública en el país continúa en crisis. De acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva no ha parado en México, sino al contrario, ha aumentado de forma constante aún y con el involucramiento de las fuerzas castrenses en materia de seguridad. Durante la administración de Felipe Calderón (2006 al 2012) se abrieron 102,859 carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso; y, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012 al 2018), esta misma cifra aumentó a 124,654. En lo que va de la administración de Andrés Manuel López Obrador, sabemos que el 2019 ha sido el año con más incidencia delictiva de los últimos doce años, pues en el periodo de enero a diciembre del 2019 se registraron 34,582 víctimas por el mismo delito.
En este escenario de violencia, es necesario una política definida claramente y efectiva, en materia de seguridad. Eso es innegable. Para esta administración, que ha adoptado políticas similares a las de sexenios anteriores en otros temas, es posible que haya reconocido que la única forma de enfrentar y frenar el índice delictivo sea a través de las fuerzas castrenses. Tal como lo hizo Felipe Calderón en su momento.
Empero ¿está el ejercito y la marina preparados para retomar las actividades impuestas durante el sexenio de Felipe Calderón? Mi respuesta es no. Estoy convencido que no podemos esperar resultados distintos al aplicar las mismas estrategias. Es probable, si no existen los mecanismos adecuados y la preparación suficiente de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, que regresemos al mismo escenario del 2006-2012 en dicha materia. Volvemos, pues, a tropezar con la misma piedra.
