Sindicatos y mafias
Oaxaca
La Capital Los Municipios
El Imparcial del Istmo El Imparcial de la Costa El Imparcial de la Cuenca
Nacional Internacional Súper Deportivo Especiales Economía Estilo Arte y Cultura En Escena Salud Ecología Ciencia Tecnología Viral Policiaca Opinión

Opinión

Editorial

Sindicatos y mafias

 

La semana pasada, la Sección Oaxaca de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), que dirige Jaime Paz, realizó una marcha de tres puntos hacia el centro de la capital oaxaqueña. Según el aludido, se trató de una protesta pacífica para exigir la renuncia del titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Raúl Ernesto Salcedo Rosales, pues presumen que dicho funcionario protege a los hermanos Luis Villaseca, una tríada de delincuentes juveniles que antes regenteaban el Sindicato Libertad, pero recientemente se unieron a Catem, como un grupo de jóvenes. En el trasfondo de la protesta está el asesinato de Edgar Iván Luis López, primo de los aludidos y dirigente regional de la citada confederación. Se trata del miembro de una familia que a través de la Confederación Nacional de la Productividad (CNP) y luego a través de otras siglas, controló el transporte el Oaxaca, pero que, desafortunadamente, todos los hermanos han muerto de manera violenta. Los sobrinos e hijos han seguido la misma suerte.
La cifra de asesinatos, enfrentamientos y zafarranchos propiciados por el transporte sindicalizado es impresionante, como el caso de la balacera sobre Guadalupe Díaz Pantoja, hace dos días. Más lo es el silencio gubernamental al respecto, pues tal parece que dejar hacer, dejar pasar, es la alternativa y no llamar a los dirigentes a comparecer para detener este baño de sangre. Lo que queda en evidencia aquí es la presunta cooptación de uno de los sindicatos al cual le dan absoluta impunidad. Se trata de Catem, al cual le han solapado excesos, abusos y violencia. A partir de esta tesis será difícil que el asunto se pueda resolver de manera equitativa y conforme a derecho, habida cuenta de que aquí se parte de la premisa juarista de “a los amigos justicia y gracia, a los enemigos, la ley a secas”. El caso es que los sindicatos aludidos sólo pueden ser tasados, bajo el rasero de la ley de la delincuencia organizada y no bajo otro prisma.
El baño de sangre debe terminar. Así de simple. Si en el gobierno de Alejandro Murat hay voluntad política para resolver de manera definitiva el problema, es urgente sentar a los dirigentes y leerles la cartilla. No más homicidios, no más violencia, no más zafarranchos. Y emplazarlos a que, bajo cualquier circunstancia, si los homicidios siguen, se fincarán responsabilidades. Pero este baño de sangre debe terminar. No más tolerancia, no más favoritismo, no más, hacerle al sordo o mirar de soslayo la realidad, con el manido argumento de que somos de las entidades más seguras del país.

Tuxtepec: La muerte tiene permiso

Es impresionante el nivel de homicidios que registra Tuxtepec, la antes tranquila capital de la Cuenca del Papaloapan. Hoy en día es el matadero de grupos criminales. Hasta la fecha se han dado al menos veinte ejecuciones. En un día se dan una o dos ejecuciones, que el gobierno estatal ha minimizado como si se tratara de algo digno de ignorar. Salvo las operaciones que ha llevado a cabo la Fiscalía General del Estado, que han sido vistas con simpatía por muchos ciudadanos, nada se sabe de acciones similares de la Secretaría de Seguridad Pública. Es más, ya es estadística, pues el mismo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha mencionado a dicha ciudad como un espacio de la delincuencia criminal. Lo paradójico es que una y otra vez hemos escuchado que se han llevado a cabo o que apenas se habrán de emprender operativos conjuntos para darle seguridad a los habitantes.
La inseguridad y el crimen han contaminado ya a poblaciones de la zona como Loma Bonita, San Felipe Jalapa de Díaz o Acatlán de Pérez Figueroa. Ya no es novedad ver en las redes sociales las ejecuciones en pleno centro de dichas poblaciones o Tuxtepec, y a la luz del día, de taxistas, taqueros, choferes del transporte urbano y repartidores de tortillas. Es brutal el cierre de pequeños y medianos negocios, cuyos propietarios optan por esta medida a seguir pagando derecho de piso a delincuentes y criminales. Esta ciudad, antes caracterizada por su pujanza económica y sus mujeres bellas, es hoy una de las más inseguras del país. El presidente municipal, Fernando Dávila ha sido rebasado totalmente por el índice delictivo y está atado de manos ante la amenaza permanente de la delincuencia, que ya ha cobrado facturas con algunos de sus colaboradores.
La ciudadanía vive presa de la psicosis que se despliega en las redes sociales, en donde los delincuentes publicitan la lista de sus adversarios a quienes, dicen, van a ejecutar. Y son difundidos con una serie de insultos y palabras soeces. Lo que más ha indignado a los lugareños y a la ciudadanía en general es que las autoridades no muevan un solo dedo para terminar con este baño de sangre cotidiano. De esta apatía institucional, sólo vale la pena reconocer los operativos que ha llevado a cabo la Fiscalía General del estado y el rechazo que ello ha tenido, de parte de legisladores y alfiles de MORENA, como si hubiera complicidad con la delincuencia.