Municipios: Cerrazón y violencia
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Editorial

Municipios: Cerrazón y violencia

 

Es inconcebible en principio, que la Secretaría General de Gobierno no haya podido destrabar el conflicto que la ciudadanía vive en la cercana población de Tlacolula de Matamoros y, segundo, que la Comisión de Gobernación de la LXIV Legislatura se haya desentendido por completo del problema y siga alentando con su apatía la violencia. El inicio de año la problemática se exacerbó entre los tlacolulenses, con el arribo de un grupo de porros, contratados ex professo –se dice- por el mismo presidente municipal, Carlos León Monterrubio que, por los informes que hemos tenido, no ha sido el mejor edil de la comunidad. Los golpeadores, vinculados con sindicatos del transporte, fueron desalojados por la Policía Estatal y la Guardia Nacional.
El diferendo ya lleva meses, durante los cuales la población ha estado a merced de vecinos violentos que se empecinan en cambiar de sede la Escuela Primaria Presidente López Mateos, los cuales son soterrados defensores del presidente municipal que insisten, contra derecho, de que en el espacio que hoy ocupa la citada institución educativa se construya un centro comercial y cultural. Por el lado contrario están, movidos por maestros del Cártel 22, vecinos que, a su vez, insisten en que la escuela debe seguir donde está, dado que es una institución emblemática para los pobladores. Tanto el gobierno estatal como federal descartaron el cambio de sede, en virtud de que se trata de un predio que es propiedad federal. Desalojar el espacio pues, está fuera de discusión. Pero hay tal cerrazón que las posturas siguen polarizadas, justamente porque se ha acreditado la injerencia de funcionarios de la SEGEGO.
Mientras se llama a la cordura a la ciudadanía, quienes mantienen sus posturas cerradas siguen enarbolando sus razones. El presidente León Monterrubio dedica su tiempo a cuestiones que nada tienen que ver con el servicio a sus paisanos. Se han filtrado imágenes en donde departe con prostitutas en un antro, mientras la Policía Estatal resguarda el palacio municipal, evitando con ello que haya violencia en contra de los miembros del Comité Ciudadano que lo ha mantenido en su poder desde hace semanas. Aquí se combinan pues la apatía del gobierno estatal con la displicencia del municipal, además, por supuesto, de la abulia legislativa para promover desaparición de poderes o al menos, llamar a cuentas a las partes en conflicto. ¿Para qué sirven pues los representantes populares, además de levantar la mano?

Feminicidios: Ilícito sin freno

Muy preocupantes fueron las cifras dadas a conocer por el Centro de Documentación del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), que hasta el 29 de diciembre contabilizaba 133 mujeres asesinadas en Oaxaca. Dicha cifra, dijo la representante, Angélica Ayala Ortiz, rebasó los registros de 2017 y 2018, cuando en los casos llegaron a 117 y 121, respectivamente, sobre todo en las regiones de Valles Centrales, el Istmo de Tehuantepec y la Cuenca del Papaloapan. Es lamentable sostuvo la aludida, que los asesinatos de mujeres sigan al alza, no obstante que el pasado 30 de agosto se emitiera para Oaxaca en 40 municipios, la alerta por Violencia de Género. Por región, en 2019 la más violenta para las mujeres fue el Istmo de Tehuantepec con el 25% de los casos. Le siguieron los Valles Centrales (19%), la Cuenca del Papaloapan (18%), Costa (16%), Mixteca (11%), Sierra Norte (5%) y Sierra Sur (5%), así como la Cañada (2%).
Y es que en realidad, el nivel de criminalidad en contra de las mujeres pareciera ser que va en aumento. Sólo el viernes 3, en la Colonia Industrial de Tehuantepec, una mujer fue ejecutada. Más aún, en un ataque armado, justo detrás de las instalaciones de la Guardia Nacional en Tuxtepec, Reyna R.D. fue baleada, junto con su acompañante. El 5 de enero, en Santiago Jamiltepec, otra mujer fue asesinada en su cama. El pasado lunes, el cuerpo de una mujer ejecutada fue encontrado en Lagunas, Oaxaca. El hallazgo de cuerpos de féminas asesinadas a balazos en su mayoría, se ha vuelto algo común. Tal parece que la famosa alerta de que hablamos sencillamente no existiera, habida cuenta de que los homicidios siguen sin parar. Hay que recordar que nuestra entidad se ha caracterizado por estar en los primeros lugares en este tipo de ilícitos a nivel nacional, desde el gobierno de Gabino Cué.
Lo peor de todo ello es que, pese a los esfuerzos institucionales de la Fiscalía General del Estado, son esporádicos los casos en los que los autores materiales e intelectuales son llevados ante el juez. Aunque se trata de un intento de feminicidio, tenemos el caso de María Elena Ríos, la joven saxofonista que fue atacada con ácido muriático en cara y cuerpo, en donde quien se presume sería el autor intelectual, ya buscó –y obtuvo- el amparo de la Justicia Federal en contra de cualquier acto que atente contra su libertad. Ello implica que no puede ser detenido, no obstante la gravedad del delito. No es fortuito que aquellas organizaciones y familia que han seguido dicho caso, estén preocupados por la ruta que pueda tomar dicho caso y el temor a que quede impune.