Libertad de expresión | El Imparcial de Oaxaca
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Libertad de expresión

 


Que la naciente Unidad Especializada para la atención de delitos contra la Libertad de Expresión, no sea un ente burocrático más. Ese fue el clamor de comunicadores de diferentes medios y organizaciones en el primer “conversatorio” entre periodistas, el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos y el fiscal de la PGR para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo.
Esta charla se dio ayer, el mismo día en que se publicó en una edición extra del Periódico Oficial, el acuerdo mediante el cual se crea la citada Unidad Especializada. Dado que esta unidad judicial está adscrita a la Fiscalía de delitos de alto impacto, los comunicadores pidieron a los funcionarios poner fin a la impunidad de los que cometen delitos que inhiben la tarea para que los periodistas no sigan siendo víctimas de esos delitos de alto impacto.
Muchos reporteros, incluyendo al que esto escribe, externaron su interés por la naciente unidad especializada que muestra la voluntad política de este gobierno por retomar las investigaciones de 69 casos de agresiones a periodistas. El gobierno anterior ordenó, en evidente muestra de complicidad, archivar las denuncias. Lo hizo por su confabulación con los grupos de poder fáctico, como el cartel 22 y los sindicatos emergentes Libertad, CNP, “14 de junio”, entre otros, que tenían la orden de intimar a los reporteros gráficos que captaban sus abusos en las marchas y plantones.
El representante de la organización “Periodistas de Antequera”, cito como caso excepcional la agresión del reportero Fernando Palacios Cházares. Dijo que este asunto, por el alto grado de impunidad que impide la aplicación de justicia a pesar de que ya hay orden de aprehensión, exhibirá la ineficacia del Estado mexicano, porque el reclamo de la aplicación de la ley, se ha llevado a instancias internacionales. Es uno de los casos más aberrantes de esbirros del Estado que, obedeciendo órdenes, arremeten contra los comunicadores. Esto fue tema central ayer en la reunión con Pérez del Pozo y Rubén Vasconcelos. Les doy algunos antecedentes.

Persistente
En junio del 2014 en charla con colegas reporteros de la zona Mazateca, me manifestaron del senador chilango Benjamín Robles Montoya, “es un destructor de los valores de convivencia social; busca el poder sin conciencia social alguna”. En el caso concreto de la región Mazateca, me comentan que tiene alianza para sus fines políticos con los ediles y grupos más violentos, identificados como vividores de los programas sociales, apegados siempre a la apropiación privada de los bienes públicos.
Entre tales señalamientos hicieron uno que me parece de extrema gravedad. Acusan a este senador, de ser el principal protector de un expresidente municipal y un grupo de individuos que el 20 de noviembre de 2012, medio mataron al colega periodista director de la revista Ruta 135, Fernando Palacios Cházares.
Quedó moribundo, con el cráneo fracturado por policías municipales al mando del entonces presidente de Eloxochitlán de Flores Magón, Manuel Zepeda Cortés. Lo atacaron cobardemente cuando tomaba fotografías de los gendarmes en el momento en que agredían a un grupo de indígenas mazatecos que se dirigían a la ciudad de México a una protesta. A culatazos dejaron en calidad de muerto al colega Cházares a quien ya moribundo seguían pateando por órdenes del edil de marras que culminaba su odisea con el grito de “mátenlo de una vez”.
Así relata el periodista quien identificó plenamente como sus agresores a los hermanos del ex edil, Vicente y Venancio Zepeda, su hijo Manuel Zepeda Lagunes, su sobrino Gamaliel Zepeda, su yerno Marco David Tello Delgado, el regidor Genaro Romero, entre otros.
Aunque el reportero, sus abogados y organizaciones de periodistas, llevaron el juicio ante Fiscalía Especial de la PGR. Esta institución giró las órdenes de aprehensión pero intervino el senador chilango y suspendió el arresto.
Ejemplo de la impunidad que priva en este caso, volvió a resonar ayer en el “conversatorio” con los dos fiscales en cuyas manos tienen hoy la responsabilidad de aplicar la ley en temas como este.
Los periodistas volvieron ayer a invocar una justicia.

El salto del chapulín
Van dos días de discusiones intensas entre dos funcionarios importados del establo de Javier Duarte, para saquear, digo administrar, el Seguro Popular en Oaxaca, y los responsables de administración y finanzas de la Secretaría de Salud estatal, ?para qué?
Ante la crisis que se agudiza en el sistema de salud pública con huelgas, marchas y plantones del sindicato en varios distritos, me dicen que el titular de la SSO, Celestino Alonso, quiere saber el destino de los más de 2,500 millones de pesos que cada año recibe el Seguro Popular. Este dinero, no aterriza en ningún lado por lo que no hay médicos, personal ni medicinas en los centros hospitalarios.
Tampoco fluye la información. Antonio Tovar y Gerardo Lagunés Gallina, director del Seguro Popular y su administrador financiera, no explican que ha pasado con tanto dinero. Su alegato es que están pagando deudas dudosas del sexenio pasado. Lo que no explican es porque siguen haciendo negocios con los mismos proveedores. Me comentan que el encuentro que inició en Casa Oñate, uno de los bunker de la SSO, y continuó al siguiente día en la sede de la Contraloría estatal, la petición de información terminó en ríspida discusión.
Hasta los auditores de la Contraloría se sorprenden por el crimen de lesa humanidad que significa desviar el dinero destinado para cuidar la salud de los oaxaqueños más marginados. Primero fueron los Álvarez Candiani, luego Rogelio Hernández Cázares, regiomontano importado por uno de los hijos de AMLO, y ahora los jarochos. Con estos forasteros, el presupuesto llega pero nadie explica dónde queda. Es la causa de la ríspida discusión en este momento.
Otra cuestión muy extraña es que la familia Álvarez Candiani, con todos los cuestionamientos por la fuga de dinero en el Seguro Popular, siguen en puestos importantes del gobierno. Es el caso de Lourdes Álvarez Candiani, jefa del departamento de Reconocimiento y Validez de Estudios en la Coordinación de Educación Superior y Media Superior. Está provocando inquietud entre los empleados que dicen que a la “jefa” ordena con altanería y soberbia desmedida.

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