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Juicio político

 


Por los numerosos profesionales de la jurisprudencia que signan la siguiente petición: “que el Congreso del estado se erija en Jurado de Sentencia y aplique la sanción de destitución de la designación de magistrado Adrián Quiroga Avendaño, en su calidad de presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca”, resulta un documento público que puede sentar precedente. Es, además muy interesante como material periodístico porque, de prosperar, el acusado hasta puede ser inhabilitado para ocupar cargos públicos. Por eso lo comparto con los lectores de El Mejor Diario De Oaxaca.
Sintetizado, el escrito dice que la petición la hacen por “la presunta responsabilidad administrativa generada por la conducta del servidor público, por los actos u omisiones en que ha incurrido en el desempeño de sus funciones, por violaciones graves, sistemáticas y reiterativas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y de las leyes que de ella emanan. Tal conducta debe de ser sancionada de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 116 de la propia Constitución Local invocada, mediante el JUICIO POLÍTICO que se instaure, sobre los siguientes hechos:
No ha cumplido con obligaciones ineludibles como “revisar y verificar que la designación de magistradas y magistrados esté vigente, es decir que el periodo para el cual fueron designados por el Congreso Local no haya fenecido y en su caso convocar al Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca para que acuerde lo conducente y pedir al Ejecutivo del Estado emita la convocatoria respectiva, en aras de mantener al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, constitucionalmente válido y legítimo”.
También “la obligación constitucional de revisar y verificar la vigencia de las designaciones de las y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca no fue realizada en su momento oportuno, ni ha sido hasta el día de hoy observada por parte del magistrado Adrián Quiroga Avendaño”. Todo esto no lo ha cumplido a decir de los denunciantes.

Que sea destituido
Por tales motivos, dice el pliego: “esa conducta desplegada por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca le ha configurado 3 responsabilidades que la misma Constitución Local prevé a través del juicio político y sanciona en su artículo 117, entre ellas la destitución e inhabilitación”.
“La omisión ha ocasionado daño grave al Estado al no revisar y verificar en tiempo y forma que las designaciones de las y los magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca estén vigentes y con ello contar con un Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca constitucionalmente valido, y al no estarlo ocasiona daños al Estado a través de uno de sus Tribunales, dando así pie a la incertidumbre e inseguridad constitucional y legal en la administración de justicia del Estado, esto es así porque ciudadanos, a los que por el simple paso del tiempo el periodo por el cual fueron designados magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca ha expirado.
El documento es muy amplio. Mañana continuamos.

El salto del chapulín
Finalmente, el porrismo y la nula actuación de la autoridad municipal que permitió que el asunto de los ambulantes quedara fuera de control, obligó al presidente municipal ausente Oswaldo García Jarquín, a deshacerse de su golpeador, digo, funcionario consentido. Josué Monterrey Velasco. Deja el cargo de director de gobernación y lo sustituye Roberto Gordon Mowers.
Aunque sin mayor experiencia en la función pública, el nuevo funcionario tiene un gran reto: desactivar a los grupos mafiosos que han invadido totalmente el Centro Histórico. Nada de que sean artesanos oaxaqueños. Saturan todas las calles del Centro Histórico aventureros de toda laya: estafadores, vendedores de droga, baratija china y licores de todo tipo. En su gran mayoría son oportunistas y hasta extranjeros que vienen de otros estados a posesionarse del centro histórico a cambio del dinero que les cobran los regenteadores de puestos de ambulantes. Un complicado problema como consecuencia de la desidia del morenista García Jarquín.
A qué grado ha llegado la anarquía que muchas voces se alzan para alertar sobre el riesgo de que Oaxaca de Juárez, pierda su declaratoria de “Patrimonio Cultural de la Humanidad” otorgado por la UNESCO. Esto fue lo que obligó al edil morenista deshacerse de uno de sus funcionarios más cercanos con quien, dicen, compartía ganancias.
Uno de los grupos con los que se coludió Monterrey para el tráfico ambulantes, es el de Carmela Luján quien, a su vez, es manejada por políticos priistas influyentes que tienen ramificaciones con los grupos porriles de la UABJO.

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