Demandan revisión integral de operativos ‘alcoholímetro’

Debido a las constantes quejas de automovilistas, Litigio Estratégico Indígena (LEI) demandó una revisión integral de la efectividad de los operativos de alcoholimetría.

Tras el hecho en donde el joven estudiante Diego I. P. perdió la vida a manos de policías municipales de Santa Lucía del Camino, durante un incidente en un operativo alcoholímetro instalado por dicha corporación municipal, se alzaron varias voces en contra de dichas acciones.

Litigio Estratégico Indígena repudió el asesinato del universitario ocurrido en la madrugada del sábado 31 de agosto de 2024, cuando viajaba a bordo de un automóvil en compañía de C. J. R. M., quien también fue lesionado de gravedad.

Lo anterior, al llegar al punto de verificación de un operativo de alcoholímetro, colocado sobre la Avenida Lázaro Cárdenas en la esquina con la calle Huamúchil.

Las versiones oficiales detallan que los policías municipales les dieron alcance cuando trataron de evadir el operativo, y de acuerdo con la denuncia de sus familiares, los jóvenes fueron golpeados brutalmente y uno de ellos disparó contra D. I. P.

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No obstante, el informe de la Fiscalía de Oaxaca revela que la víctima presentó una lesión provocada por un proyectil de arma de fuego, por lo que fue trasladado a un hospital donde falleció posteriormente mientras recibía atención médica especializada.

LEI demandó justicia y castigo para los diversos responsables del asesinato del joven D. I. P., y por las lesiones causadas a C. J. R. M, dado que todo obedece a una cadena de mando.

Aunado a que solicitó una revisión de los elementos de la corporación de seguridad pública del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, quienes participaron en el dispositivo de alcoholímetro también responsables de dicho crimen.

También urgió una revisión de los operativos alcoholímetros realizados por las corporaciones de seguridad pública estatales y municipales, los cuales reiteradamente son denunciadas por abuso de poder y por violentar derechos humanos.

Finalmente, requirió a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca una investigación pronta y el castigo a todos los responsables, para evitar cualquier acto de impunidad.