Oaxaca en el top ten por ataque a activistas defensores de los DH
24% de las agresiones contra defensores han ocurrido en el estado, reportan ONG
Los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Chihuahua son mortales para la defensa de derechos y del territorio, lamentó ayer la organización Servicios de Educación Alternativa (EDUCA).
De un total de 141 defensores asesinados en el país, 34 crímenes corresponden a defensores de Oaxaca (24.11%), de donde la entidad es el más peligroso para la defensa de derechos humanos en México.
Y le siguen Guerrero con 25, Chiapas con 14 y Chihuahua con 10 personas defensoras asesinadas en los últimos cuatro años, aunado a que en la lista de las 17 personas defensoras desaparecidas se encuentran los mismos cuatro estados.
Tan solo en Oaxaca siguen desaparecidas Claudia Uruchurtu de Nochixtlán, así como cuatro defensores del bosque de San Esteban Atatlahuca, la ambientalista Irma Galindo entre otras.
De acuerdo a Educa, en Oaxaca, el mayor peligro para personas defensoras son las autoridades locales, dado que la mayoría de ataques se registró en las regiones de la Costa y Mixteca. La violencia está alimentada por la complicidad entre poderes fácticos y autoridades locales, emanados de todos los partidos y también del sistema normativo interno.
Añade que entre los temas con más riesgo en el sur del país, se perfila la defensa del territorio frente inversiones y proyectos de desarrollo, en Oaxaca; cada tercera persona defensora asesinada defendió la tierra y el territorio y el 91% de ellos, pertenecía a un pueblo indígena.
Con el inicio de un nuevo sexenio en Oaxaca, acrecentaremos nuestros esfuerzos de monitoreo de agresiones y trabajaremos también en la resolución no violenta de los conflictos sociales y políticos”, explica.
Sostiene que familias enteras desplazadas, niños huérfanos y comunidades con el tejido social roto son algunas de las dramáticas consecuencias que se esconden detrás de las cifras de la estadística de violencia.
Incluso menciona que la gran mayoría de los asesinatos y ejecuciones extrajudiciales han quedado en total impunidad, por lo que el ciclo vicioso de la violencia se sigue acelerando.
El país padece desde hace años una severa crisis de derechos humanos que incluye una gran vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos de todos, sostiene.
