Indispensable enfoque de Derechos Humanos para garantizar el acceso a la justicia: NSME

En las acciones encaminadas a promover mejores prácticas de acceso a una justicia más incluyente, efectiva, igualitaria y con sensibilidad humana, el Poder Judicial del Estado que preside el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez, impulsa la actualización permanente del personal jurisdiccional y administrativo para enfatizar la importancia sobre los derechos humanos desde una visión pluralista, intercultural y de género.

Lo anterior, lo señaló la directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura, maestra Nidia Soledad Martínez Esteva, al detallar algunas de las acciones realizadas en este 2022 por esa área, entre las que destacó la atención otorgada a las quejas interpuestas por la ciudadanía a través de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

Indicó que parte de los temas en los que se ha puesto mayor énfasis en materia de capacitación al personal judicial son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, de las personas con discapacidad y personas migrantes, los cuales se han abordado en una colaboración conjunta con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y especialistas de organizaciones de la sociedad civil.

En entrevista, resaltó que se trabaja en el proyecto para la creación del Centro Información de Justicia Indígena de Oaxaca, que se trata de una plataforma digital que permitirá consultar y difundir información respecto a las características de los pueblos indígenas y visibilizar la diversidad jurídica existente en las ocho regiones del estado.

Explicó que también se lleva a cabo la socialización del “Protocolo para la Armonización y Coordinación entre las jurisdicciones estatal e indígena afromexicana”, como un documento de guía ante los casos que involucran a comunidades originarias y sus habitantes.

La directora de Derechos Humanos del Consejo de la Judicatura reiteró que, ante la demanda de la sociedad por una justicia pronta, expedita y transparente, la aplicación y respeto a los derechos humanos es primordial en la función pública y especialmente en el Poder Judicial para otorgar un servicio garante del debido proceso, en el que estos derechos sean una realidad en la práctica diaria del quehacer de magistrados, jueces y personal administrativo.