Armar al país, muestra de incapacidad: GESMujer
En Oaxaca, el 41% de las víctimas fueron asesinadas en casa; 75%, con armas de fuego
La presidenta del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer), Angélica Ayala Ortiz, calificó como una muestra de incapacidad la iniciativa del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, para modificar la Ley de armas de fuego.
La activista y feminista también consideró la propuesta del dirigente político como parte de un desconocimiento y falta de estrategias para atender una violencia que ha rebasado al Estado.
Dicha iniciativa, que confiamos en que sea desechada, coloca nuevamente la falta de visión de quienes tienen la responsabilidad de legislar a favor de los derechos humanos de la población, donde las niñas y mujeres han sido excluidas de las políticas públicas de prevención y víctimas de todas las formas de violencias”.
Expuso que proponer un mayor acceso a las armas en momentos donde el llamado urgente es generar estrategias para el control de las mismas, generaría mayores riesgos para la población, pero principalmente para salvaguardar la integridad y la vida de las niñas y mujeres.
En Oaxaca, de acuerdo al Monitoreo de Violencia Feminicida de GESMujer, el 41% de las víctimas ha sido asesinadas de manera violenta en su casa; el 75% por impacto de armas de fuego, sobre todo en mujeres de 19 a 45 años.
Con tan solo estos dos datos, es clara la correlación que existe: las armas de fuego están cobrando la vida de niñas y mujeres. Es prioritario conjuntar esfuerzos orientados hacia una cultura de paz y comprender las implicaciones de cualquier iniciativa desde una mirada que visibilice a las mujeres”.
También señaló la necesidad de entender las causas de la conflictividad social y atender el origen para su solución es una postura que desde los movimientos feministas impulsamos, “porque solo así será posible detener la ola de violencias que lastiman a la sociedad”.
Recordó que Oaxaca se encuentra en una grave problemática de violencia de género, agravada por las violencias delictivas y comunitarias, que han cobrado la vida de 653 niñas y mujeres durante la administración de Alejandro Murat.
