Oaxaca: desamparados, 58% de deudos de muertos por Covid

Al menos 4 mil 416 familias de deudos de Oaxaca que buscaron obtener  el Apoyo para Gastos Funerarios a Familiares de Personas Fallecidas por la Enfermedad Covid-19 no han recibido el subsidio de 11 mil 460 pesos que el gobierno federal, a través del IMSS y DIF, pagaría a parientes de fallecidos a causa y durante la pandemia, a pesar de solicitar el subsidio; esto significa que el 58% de dichos núcleos familiares, además de la pena, debieron cargar en solitario, y sin cobijo ni apoyo oficial, con los gastos funerarios de sus padres, madres, hijos, primos, sobrinos, esposas, esposos que murieron por SARS-CoV-2.

Pero además, las cifras oficiales no cuadran: hasta el 31 de enero de 2022, fecha del documento de respuesta, 7 mil 610 familias oaxaqueñas habían realizado los trámites en busca de la indemnización oficial cuando, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, en Oaxaca se había reportado 5 mil 744 fallecidos al corte del último día de enero de este año, una diferencia de 1 mil 866 personas entre los decesos oficialmente reconocidos y las solicitudes giradas por las familias oaxaqueñas con al menos un integrante de dicho núcleo fallecido por Covid-19.

De acuerdo a la respuesta a una solicitud de información girada por un particular al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) instancia encargada de este apoyo; hay 24.5% más solicitudes de apoyo que la cifra de muertos reconocidos de manera oficial.

Luego de 8 meses de iniciada la pandemia, el martes 24 de noviembre de 2020, hace ya 16 meses, durante una conferencia mañanera el director del Seguro Social, Zoé Robledo, anunció que se entregarán 11 mil 460 pesos “con el propósito de contribuir con las familias que enfrentan gastos derivados por los servicios funerarios”.

Explicó que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) sería la instancia encargada de proporcionar este apoyo económico, dado que la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social le otorgan la facultad para ejecutar los programas de asistencia social, entre los cuales se encuentra la prestación de servicios funerarios.