Registra DDHPO 69 casos de tortura en 18 meses | El Imparcial de Oaxaca
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Registra DDHPO 69 casos de tortura en 18 meses

Esta práctica continúa siendo recurrente en Oaxaca, alerta Ombudsman


Registra DDHPO  69 casos de tortura  en 18 meses | El Imparcial de Oaxaca

Entre enero de 2019 al primer semestre de 2021, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) tiene abiertos 69 expedientes por casos de tortura, siendo los ayuntamientos, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía e incluso el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), la autoridades más señaladas.

“El abanico es amplio, no solo tiene que ver con la parte de seguridad pública y de impartición de justicia, sino de otros ámbitos”, expuso el titular del organismo estatal, Bernardo Rodríguez Alamilla, durante su participación en la clausura del curso “Documentación e investigación de tortura y/o tratos crueles e inhumanos y/o degradantes, aplicación de los principios y directrices del protocolo de Estambul”.

Resaltó que el término de tortura se entenderá como todo acto por el cual se infrinja intencionalmente a una persona, dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que se haya realizado.

Ante ello, destacó que se deben generar herramientas para poder combatir esta práctica, con mejores estándares de investigación, sobre todo al considerar que a pesar de las recomendaciones de organismos de Derechos Humanos, no se ha logrado cambiar diversas conductas.

Aunque la tortura destruye la personalidad de las víctimas y desprecia la dignidad intrínseca del ser humano, Rodríguez Alamilla insistió que esta práctica continúa siendo recurrente y por ello es urgente que se realicen acciones que permitan erradicar esta violación a los derechos humanos en todas sus formas.

También insistió en la urgencia de terminar con la impunidad que persiste en los casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, para lo que es preciso que el Estado reconozca su responsabilidad e implemente un plan de restitución de derechos que permita a las víctimas acceder a justicia, verdad y reparación.