Ordena la Corte proteger hábitat y servicios en Los Chimalapas
Los gobiernos deberán garantizar la prestación de servicios públicos para las comunidades asentadas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer la obligación de los gobiernos de Chiapas y Oaxaca de aplicar un amplio plan de reordenamiento ecológico y defensa de la biodiversidad en el área de Los Chimalapas, zona donde los oaxaqueños han denunciado por décadas la presencia de talamontes, invasores y daños a la selva aprovechando la disputa limítrofe entre ambas entidades.
Además, “bajo la supervisión de la Federación” ambos gobiernos deberán establecer mecanismos para garantizar la prestación de servicios públicos para las comunidades asentadas en la frontera entre las entidades, para evitar que algunos de estos asentamientos queden sin uno o varios de los servicios públicos, señaló la Corte.
El tribunal en pleno de los ministros de la Corte, con ello, concluyó el análisis de la controversia constitucional promovida por el Estado de Oaxaca, en contra del Estado de Chiapas.
El pasado jueves 11 de noviembre el máximo tribunal constitucional le otorgó la razón histórica y jurídica a Oaxaca en la disputa por una superficie superior a las 160 mil hectáreas con base en argumentos jurídicos y planos primordiales que datan de 1549 y que rigieron los límites entre ambas entidades.
En la sesión de ayer, la SCJN estableció el resto de los efectos que se desprenden de la sentencia en los siguientes términos: “las entidades deberán establecer mecanismos de coordinación bajo la supervisión de la Federación, que definan la prestación de servicios públicos comunes a la población habitante en su frontera, de manera que no queden desprovistos de alguno de ellos; además, establecerán un programa de ordenamiento ecológico regional que abarque la zona limítrofe, en virtud de su gran biodiversidad”.
El dictamen de la Corte ha sido aceptado en primera instancia por el gobierno de Chiapas, encabezado por el gobernador Rutilio Escandón, al señalar que asumió el cargo ya cerrado el plazo de argumentos fijado para 2017. Sin embargo, al menos 14 comunidades chiapanecas indicaron que acudirían ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para apelar el dictamen.
Se indicó que lo determinado por la SCJN no será extensivo a las resoluciones emitidas por autoridades federales o locales, en las que se hubieren reconocido o generado derechos en favor de ejidos o comunidades agrarias.
“Es de recordarse que, en la pasada sesión, el Pleno determinó los límites territoriales entre ambas entidades federativas.
Controversia constitucional 121/2012, promovida por el Estado de Oaxaca, demandado la fijación de la línea limítrofe que debe regir entre dicha entidad federativa y el Estado de Chiapas”.
Con la determinación del martes 16, este sería ya un asunto cerrado.
