Oaxaca, en el subregistro de delitos ambientales | El Imparcial de Oaxaca
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Oaxaca, en el subregistro de delitos ambientales

Marcada impunidad, para SESNSP no hay tráfico de especies, descargas ilegales, destrucción de hábitats, entre otros


Oaxaca, en el subregistro de delitos ambientales | El Imparcial de Oaxaca

Aun y cuando en Oaxaca se registran actos al margen de la ley en materia de medio ambiente, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) no tiene registrado ningún delito contra el medio ambiente.

De acuerdo con la página oficial del SESNSP a nivel nacional se han registrado mil 473 delitos entre enero y agosto del presente año, mientras que en 2020 se registraron mil 331.

Con base en la Procuraduría Federal de la Protección al Ambiente, los delitos ambientales se refieren a la serie de actos que dañan un ecosistema y provocan el desmejoramiento del ambiente.

En los artículos 414 a 423 del Código Penal Federal se detallan como infracciones el realizar actividades con materiales o residuos peligrosos que dañan la salud pública, la flora y fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas.

Así como el descargar contaminantes a la atmósfera, aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, lagunas y aguas subterráneas, y destruir o rellenar pantanos, humedales, lagunas o manglares.

De igual manera, comerciar con especies endémicas o en peligro de extinción,  provocar incendios en bosques o selvas, destruir o talar árboles sin la autorización correspondiente e introducir al país flora o fauna que padezca enfermedades contagiosas o plagas, entre otros.

Sin embargo, a diferencia de otras entidades de la república mexicana, el estado de Oaxaca no tiene reportes de delitos contra el medio ambiente, aún y cuando se denuncia el tráfico ilegal de huevos de tortuga, tala ilegal y comercio de ejemplares en peligro de extinción.

Una investigación de la Universidad de las Américas Puebla indica que en todos los estados la problemática de impunidad es muy marcada, lo cual se conjuga con la falta de interés, de recursos y de capacidades a nivel estatal para garantizar la protección de ecosistemas.

Los investigadores admitieron que no existe una cultura de denuncia a nivel ambiental, adicionado a la poca confianza de las comunidades sobre las autoridades, al pensar en un involucramiento tanto en el delito como en prácticas extractivas.