Urge DDHPO legislar para proteger a menores en entorno digital
La Defensoría reconoció que este es un problema complejo y debe ser atendido por las autoridades competentes, “ya que sus efectos son enormes para los derechos y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes”.
La defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) urgió mecanismos legales que regulen contenidos y usuarios nocivos en redes sociales, a fin de proteger a niñas, niños y adolescentes.
El organismo estatal encabezado por Bernardo Rodríguez Alamilla, destacó que Oaxaca y el resto del país requieren de una legislación que permita hacer a las redes sociales espacios seguros para menores de edad, así como impulsar acciones que permitan a madres y padres de familia estar informados sobre los controles parentales y de monitoreo de lo que ven, juegan y comunican sus hijas e hijos.
Consideró importante que se establezca un marco jurídico integral y de estrategias que abarque desde la detección temprana de casos, servicios adecuados y mecanismos de denuncia adaptados para niñas, niños y adolescentes, hasta búsquedas inmediatas cuando se registran desapariciones.
Lo anterior ante el uso de videojuegos en línea para enganchar a niños y adolescentes con fines aparentes de explotación, trata de personas e incluso, para actividades del crimen organizado, como se han dado a conocer casos recientes en el estado.
La Defensoría reconoció que este es un problema complejo y debe ser atendido por las autoridades competentes, “ya que sus efectos son enormes para los derechos y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes”.
Reconoció que la pandemia por Covid-19 incrementó el uso del internet para la interacción, procesos de aprendizaje y sociabilización de menores de edad, que a su vez repercutió en nuevas formas de violencia trasladada al ámbito digital.
Del caso de enganche de niños originarios de Tlacolula, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, informó que inició el expediente DDHPO/CA/0424(01)/ OAX/2021, a través del cual pidió a la Fiscalía General de Justicia del Estado medidas de protección para las víctimas, así como sus familias, además de requerir la realización de una investigación pronta, expedita y colaborativa con otras entidades para atender de raíz la problemática.
