Piden medidas cautelares para defensor indígena
José Castillo Castro fue atacado a balazos en San Pedro Huamelula por sujetos desconocidos
La Guardia Nacional (GN), autoridades estatales y el presidente municipal de Santiago Astata deberán establecer medidas cautelares a favor de José Castillo Castro, a fin de salvaguardar la integridad del defensor del territorio y el medio ambiente.
Castillo Castro encabeza la defensa del territorio y los recursos naturales en Barra de la Cruz, Oaxaca, región del Istmo de Tehuantepec, particularmente para evitar el despojo y venta de tierras en la zona.
Con el fin de evitar la vulneración a los derechos humanos a la vida, seguridad e integridad personal del defensor y su familia, así como a la causa que defiende, la CNDH solicitó realizar todas aquellas acciones necesarias para proteger su seguridad física e integridad, aplicando los protocolos que correspondan, dictó el organismo.
La Comisión Nacional lanzó un llamado a las autoridades estatales llevar a cabo las investigaciones correspondientes para la identificación de los responsables, agotando todas las líneas de investigación relacionadas con el caso.
Añadió que deben incluirse la posible vinculación del hecho con su actividad defensora del territorio y el medio ambiente de la comunidad indígena Chontal en Barra de la Cruz.
Reconoció que las medidas cautelares ya fueron notificadas a las citadas autoridades, por lo que la CNDH permanecerá atenta a su respuesta y, de ser aceptadas, dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de las mismas.
De acuerdo a las indagatorias el defensor comunitario José Castillo Castro circulaba hace unos días en un vehículo particular, acompañado de su familia y amigos, cuando fue agredido con disparos de arma de fuego, a la altura del entronque “Guadalupe Victoria”, en el municipio de San Pedro Huamelula, por dos personas a bordo de una motocicleta.
Y su estado de salud lo reportan como grave.
A su vez, organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz para exigir a las autoridades estatales y federales detener los ataques y encarcelamiento de defensores de derechos humanos y del territorio en el estado.
