Crisis del Poder Judicial infecta al Congreso local | El Imparcial de Oaxaca
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Crisis del Poder Judicial infecta al Congreso local

Omisiones legislativas han abierto la puerta para que encargados se resistan a dejar el cargo


Crisis del Poder Judicial infecta al Congreso local | El Imparcial de Oaxaca

La crisis que se vive en el Poder Judicial por presunta usurpación de cargos por parte de siete magistrados llegó al Poder Legislativo, en donde las y los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias se pronunciaron por la solución del conflicto conforme señala la norma estatal.

El diputado de Morena, César Morales Niño, presentó un punto de acuerdo donde  exhorta a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), así como a las Fiscalías Generales, del Estado y de la República, para que dentro del marco de sus competencias y facultades inicien las investigaciones necesarias respecto a la posible responsabilidad por omisión por no emitirse oportunamente las convocatorias para la renovación de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Justicia Administrativa.

En su caso, consideró que para evitar que se agudice la crisis, iniciar los procedimientos para la ratificación de las mismas, con lo cual se ha entorpecido institucionalmente la renovación de dichos órganos y ha generado que, por omisiones, “algunos y algunas titulares de magistraturas se resistan a dejar el cargo aun cuando su periodo de designación ya haya concluido, trayendo como consecuencia que actualmente haya litigios en contra de diversas personas por usurpación de funciones en el cargo de las magistraturas”.

Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo (PT), Noé Doroteo Castillejos, presentó otro exhorto al Titular de la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Oaxaca para que cumpla con los principios rectores que sustentan el actuar de la institución a su cargo y se abstengan de ejercer actos intimidatorios y con otro fines, en contra de los magistrados Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar, integrantes de la Sala de Justicia Indígena y Quinta Sala Penal y de los Magistrados René Hernández Reyes y Tito Ramírez González, integrantes de la Sexta Sala Penal del Tribunal de Justicia Penal del Tribunal Superior de Justicia.

“Todos hemos tenido conocimiento que existe un interés e injerencia derivado del proceso de ratificación tácita de las y los magistrados, sin embargo, derivado de las carpetas de investigación que existe en contra de las y los magistrados, “la magistrada Mireya Santos ha sido víctima de hechos intimidatorios”.

En este tema, la diputada del PRI, Lilia Mendoza, consideró que no es prudente para el Poder Legislativo defender a los integrantes de otro poder, que a su vez tendrían que ser los primeros en respetar las leyes.

“Cómo vamos a defender los delitos que se están cometiendo en otro poder, seamos congruentes, si se trata de defender a las mujeres empecemos en el congreso donde se han agredido los derechos de las compañeras como ocurrió en su momento con la compañera Delfina, dentro de la misma fracción parlamentaria de Morena ejercieron violencia contra ella”, afirmó.

Invitó a sus compañeras y compañeros no “rasgarse las vestiduras” por defender a las mujeres de otro poder. “Defienden los derechos de las mujeres cuando les conviene, cuando les llegan al precio, defendamos con dignidad el espacio que tenemos hoy, hagamos lo que nos compete, seamos imparciales, respetemos para que nos respeten, pero no sirvamos los intereses mezquinos de unos cuántos solamente para su ratificación”, expuso al considerar que los periodos de los magistrados en referencia ya vencieron.

“El Presidente de la República ha dicho que se debe hacer una limpia en los tribunales, entonces hay que empezar, muchos tienen expediente abiertos por presuntos delitos de amenazas, abusos de autoridad, por despojo, asociación delictuosa, por robo de vehículos, daños, fraudes, extorsión y otras denuncias”, afirmó. 

Noé Doroteo respondió que de ser necesario, “se deben revisar la situación del resto de las y los magistrados” y en su caso iniciar nuevos procesos de designación, ya que existen 12 magistrados más con esta figura de la ratificación tácita y “tendrían que ser investigados”.

“Pero hay una hipocresía gubernamental, por eso que se revise la función de estos 28 magistrados, sin intimidación y sin interés político de quitar solamente a quienes incomodan, la Fiscalía no puede actuar al margen de la ley”, apuntó.

En la sesión celebrada este miércoles, aprobado por mayoría enviar el exhorto a la FGR para que cesen los actos intimidatorios, sin embargo, omitieron revisar a fondo los procesos de ratificación o nombramiento de nuevos magistrados, proceso que le compete al Poder Legislativo.