Trata de personas en la impunidad
Entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 se identificaron 5,245 posibles víctimas de este delito en el país
En su informe denominado “Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en México 2019”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destaca que uno de los delitos que permanece en la sombra de la impunidad es la trata de personas, por lo que considera necesario una mayor visibilidad a fin de avanzar en su erradicación, así como atender expedita y eficazmente a las víctimas.
Realizado con información proporcionada por la ahora Fiscalía General de la República (FGR), las 32 Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal y las Comisiones Estatales de Atención a Víctimas, entre otras instancias, el Organismo Nacional determinó que entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017 se identificaron 5,245 posibles víctimas de trata de personas.
La cifra revela que el 85% de las posibles víctimas fueron mujeres, el 70% fue víctima de explotación sexual, el 17% fue víctima de explotación laboral y el 73% de ellas eran personas adultas y 27% menores de edad.
En toda la numeralia destaca que siete de cada 10 investigaciones por el delito de trata de personas se concentraron en cinco entidades federativas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Oaxaca.
En ese periodo se reportaron 858 sentencias condenatorias, de ellas 296 absolutorias y 562 condenatorias, además de 3,344 personas indiciadas e imputadas a nivel nacional por delitos en materia de trata de personas (69 por ciento fueron hombres y 31 por ciento mujeres).
El Diagnóstico indica que quizá en el afán de mejorar sus condiciones de vida, fueron enganchados en redes sociales o por algún otro medio, por lo que es preciso que las autoridades pongan en práctica estrategias para prevenir que más personas caigan en manos de tratantes de personas.
La CNDH recomienda a las autoridades estatales y federales, avanzar en la capacitación de policías, ministerios públicos, jueces, personal de salud y demás servidores públicos para que puedan identificar a quienes están pasando por una situación de explotación en cualquiera de sus modalidades, pero más importante aún es sensibilizarlos sobre un punto que resulta trascendental: son niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas que vivieron experiencias de vida complicadas; objeto de amenazas, extorsiones, malos tratos y golpes, alejados de sus seres queridos, en regiones o países desconocidos.
