Acuerdo de Cenace y nueva política de Sener impactan en economías locales

Después de que un juez en materia de competencia concediera a 13 proyectos la suspensión definitiva del acuerdo publicado el 29 de abril pasado por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la confrontación entre las empresas de energías renovables y el gobierno, específicamente la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aún no termina.

En su momento, la CFE declaró que interpondrán recursos legales y quejas para revertir los fallos a favor de las empresas. Por su parte, las asociaciones de las energías renovables han destacado los impactos negativos que las nuevas medidas pueden tener. Uno de los temas que el gobierno no ha abordado, son precisamente la afectación económica en las comunidades.

También los locales; las comunidades pierden

Entre todos los argumentos que se han repartido en esta confrontación, existen voces que no han sido escuchadas, las de ejidatarios y comunidades en las que se han instalado los proyectos de energías renovables.

Los locatarios de comunidades como las de Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo en Oaxaca, han declarado que las medidas del gobierno federal representan una clara afectación a sus ingresos, pues dejarán de recibir los pagos de la renta de sus tierras al poner freno a los proyectos eólicos. Amelia Gómez Ríos, presidenta municipal de Santo Domingo Ingenio, ha hecho pública la preocupación del gobierno local por los problemas sociales que pueden derivar de estas suspensiones.

En otros estados la afectación económica es el mismo tema, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, replicó que “estas inversiones no solamente generan miles de empleos, sino también generan ingresos para los dueños de las tierras, que muchos de ellos son núcleos ejidales y que jamás habían tenido ingreso alguno por sus tierras por otra actividad productiva adicional”.

Tan sólo la región del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, se calcula que habrá una pérdida de más de dos mil millones de dólares para la región. Por otro lado, a pesar de la presencia de organizaciones civiles que se han pronunciado públicamente en contra de los proyectos eólicos en la región y que se han autodenominado defensores de los derechos humanos, los verdaderos grupos representativos de las comunidades han declarado estar a favor de la inversión, la generación de empleos y la derrama económica que estos proyectos generan.

Y es que en voz de Paul Alejandro, director de Ombudsman Energía México, “todas las empresas no se pueden encasillar bajo una misma etiqueta”, pues existen muchos casos en los que se rigen bajo un eje de respeto a los derechos humanos y de las tradiciones y costumbres particulares de cada comunidad.

Además de generar más de 13 mil empleos en el país, está comprobado, con datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) que los proyectos eólicos contribuyen al crecimiento de las unidades económicas. Entre algunos de los municipios eólicos de Oaxaca, las unidades económicas, es decir, la industria manufacturera, el comercio y otros servicios locales, crecieron en más de 128 por ciento de 2004 a 2019, años en los que ha evolucionado aceleradamente la industria eólica.

En el tema medio ambiental, en México, la energía eólica y solar ayudaron a mitigar más de 13 millones de toneladas de CO2, equivalente a sacar de circulación 3.3 millones de autos durante un año. Asimismo, los proyectos eólicos que ya operan ayudan a evitar la emisión de 8.8 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año.