Piden abogados de Oaxaca reabrir juzgados
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Piden abogados de Oaxaca reabrir juzgados

Ponen en riesgo la subsistencia de profesionistas, advierten


Piden abogados de Oaxaca reabrir juzgados | El Imparcial de Oaxaca
Foto: Internet

Las medidas de confinamiento impuestas en el país a partir de la contingencia sanitaria para contener la propagación del coronavirus así como las asumidas en Oaxaca por el Poder Judicial ponen en riesgo la subsistencia de profesionistas cuya actividad no ha sido considerada como esencial, denunciaron abogados que interpusieron un juicio de amparo para exigir se detenga el cierre indefinido de los juzgados de la entidad, decretado a partir de este martes 6 de mayo. 

La parálisis del Poder Judicial, generada por el cierre de juzgados y la nula actividad de magistrados, impediría a abogados generar ingresos necesarios para su subsistencia, reclamaron los demandantes Carlos Alberto Ramírez Victoria, Emilio Solano Mendoza, Jesús Martín Matías Hernández, Moisés Reyes Figueroa y Neftalí Domínguez Ortiz. 

A través del amparo de juicio amparo presentado ante el juez de turno del circuito décimo tercero de Oaxaca, los abogados exigen la inminente prórroga del plazo de cierre indefinido de juzgados y salas, contenidos en el acuerdo general conjunto 04/2020.  Asimismo, pretenden la suspensión de los acuerdos generales 01/2020, 02/2020 y 03/2020 de los plenos de magistrados y de consejeros de la Judicatura del Tribunal Superior del Estado relacionados con medidas de prevención ante la pandemia.   

Estos acuerdos, denuncian, son abiertamente anticonstitucionales, ya que contienen medidas privativas del derecho al trabajo,  a una justicia pronta, completa e imparcial y a una tutela judicial efectiva, legalidad y seguridad jurídica.

Asimismo, los abogados reclamantes demandaron a los gobiernos federal y estatal ser incluidos en programas de apoyo o rescate financiero mientras dura el confinamiento obligatorio que les impide ejercer su profesión.

El Estado en su conjunto, señalan los demandantes, debe garantizar el mínimo vital, es decir las condiciones de vida básicas que conforme al derecho constitucional mexicano y al internacional de los derechos humanos se encuentran dirigidas a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas físicas y no de las jurídicas.


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