El monto aprobado para el pago de servicios personales en el Congreso del Estado, en el ejercicio fiscal 2018, fue de 174 millones 345 mil 400 pesos, sin embargo, al final se utilizaron 186 millones 208 mil pesos, lo que viola la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, al sobrepasar el monto límite para el ejercicio fiscal 2018 por este concepto.
En su tercera entrega de la Revisión a la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detalla que el monto máximo para servicios personales en el Congreso del Estado era de 184 millones 910 mil 200 pesos, criticando además que no dieron a conocer la fórmula para determinar este monto.
Además, la ASF realizó una solicitud de aclaración para el Congreso del Estado para que aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 11 millones 862 mil 582 pesos por concepto de incremento del capítulo 1000 Servicios Personales, respecto a la asignación aprobada en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018.
El Congreso del Estado registró inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental debido a que presentó de forma errónea el Balance Presupuestario y el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, por lo que no fue posible verificar si cumplió con el principio de sostenibilidad, señala la ASF.
Agrega que no proporcionó las variables para el cálculo y la determinación del monto máximo utilizado en la aprobación de recursos para Servicios Personales en su Presupuesto de Egresos; no realizó ni incluyó en el presupuesto de egresos del Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2018 las proyecciones y resultados de sus ingresos y egresos y se modificó el presupuesto aprobado del capítulo de Servicios Personales.
La ASF destacó que en esta auditoría no se revisó el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como la congruencia de la información Financiera con la Cuenta Pública 2018.
