En Oaxaca, Periodistas invisibles para la justicia
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En Oaxaca, Periodistas invisibles para la justicia

Los robos, agresiones físicas y verbales, y las amenazas de muerte son el pan de cada día para los comunicadores oaxaqueños; anuncia Vasconcelos Méndez puesta en marcha de la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión


En Oaxaca, Periodistas invisibles para la justicia | El Imparcial de Oaxaca

En la entidad se han abierto 69 carpetas de averiguación previa por agresiones a periodistas, de las cuales, 10 son por homicidio, sin embargo, ninguna ha generado alguna detención o sanción, pese a que en los últimos años se han incrementado los casos de violencia contra el gremio.

Se tiene el registro de 82 víctimas, entre hombres y mujeres, donde la mayoría de delitos denunciados son por amenazas y robos.

Registros de la Fiscalía General de Oaxaca señalan que tan sólo en este año, se han realizado 28 denuncias contra periodistas, de las cuales: 19 fueron documentadas en Valles Centrales, cinco del Istmo de Tehuantepec y cuatro de la Costa.

Previo al conversatorio que representantes de los medios de comunicación sostuvieron con autoridades de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión y la Procuraduría General de la República (PGR), los titulares de ambas instancias reconocieron un incremento de las agresiones contra los comunicadores.

Para el Fiscal General, Rubén Vasconcelos Méndez, quien asumió el cargo en mayo de este año, el conservatorio buscó estrechar lazos de colaboración con la PGR y los periodistas, a fin de mostrar la disposición de llevar a cabo las investigaciones de manera eficiente.


Anuncian Unidad Especializada

En el marco de este encuentro, el fiscal anunció la puesta en marcha de la Unidad Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión, en la que atenderán todo tipo casos de agresión contra los comunicadores e impulsarán una labor más eficiente en la investigación de los delitos.

En la Unidad, explicó el Fiscal, se creó también un consejo ciudadano o consultivo, donde intervendrán expertos en el tema de la libertad de expresión que estarán al tanto de los casos y buscarán fortalecer las actividades institucionales.

“Con esto se cubre una medida legal e institucional que dé eficiencia en las labores de investigación en colaboración con la PGR”, insistió el fiscal, luego de destacar la importancia de un espacio de diálogo para establecer los lazos de colaboración y lograr abatir la impunidad que se tiene en delitos cometidos contra los comunicadores, derivados del ejercicio periodístico.

Por separado, el fiscal para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR, Ricardo Sánchez Pérez, afirmó que el conversatorio busca establecer lazos de colaboración con la Fiscalía General de Oaxaca, para agilizar los trámites que están pendientes y las investigaciones que se ya se trabajan.}

En el país, dijo, la PGR lleva la atención de 300 casos, de los cuales, 10 son de Oaxaca.

“La Fiscalía ha generado un grupo de trabajo para ejecutar órdenes de aprehensión y en el último mes se han ejecutado dos contra los agresores a periodistas” aseveró el fiscal.

Sánchez Pérez aclaró que el compromiso de la Fiscalía a su cargo es perseguir delitos que se cometen contra la libertad de expresión y de sancionar a quién deba ser sancionado, sin importar que sea autoridad municipal, estatal o federal.

“Si se acreditan los elementos para afirmar la existencia de un delito, se procederá conforme a derecho”, expuso.

En los últimos dos años, reconoció, ha habido un repunte de agresiones contra periodistas, al considerar que tan sólo en lo que va de este 2017, se han registrado 8 homicidios en distintos estados del país.

En su momento, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) afirmó que el agravio más recurrente del que son objeto los periodistas son el hostigamiento con intimidación, seguimiento o vigilancia, con 34 por ciento de los casos; después siguen las amenazas (19 por ciento), amenazas de muerte (14 por ciento ) y agresiones físicas o verbales 13 por ciento).


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