Aún sin respuesta informe ante la Corte penal de La Haya por los hechos del 2006
De acuerdo con la DDHPO, la Corte Penal no fijó una fecha para resolver la denuncia del exdefensor y ésta puede tardar meses o el tiempo que sea necesario.
Luego de que en mayo el exombudsman de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, presentara ante la Corte Penal Internacional de la Haya un informe sobre la represión gubernamental contra el magisterio y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) durante 2006 y 2007, a la fecha el organismo estatal sigue en espera de respuestas.
De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Corte Penal no fijó una fecha para resolver la denuncia del exdefensor y ésta puede tardar meses o el tiempo que sea necesario.
En mayo, Peimbert Calvo, quien ahora busca ser candidato para titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), presentó ante la Corte de La Haya un informe sobre crímenes de lesa humanidad contra activistas sociales.
En su momento, afirmó que en dicho documento se informaría que los agravios y los estragos perpetrados por el exgobernador priista Ulises Ruiz Ortiz siguen vigentes, además de que enmarcaron un modelo de intervención violenta y sistemática del Estado para reprimir la protesta social que después se generalizó y se sigue aplicando en distintas partes del país.
Del expediente que el ombudsman Peimbert Calvo entregó a la Corte Criminal Internacional de La Haya, la Defensoría explicó que al sistematizar las denuncias de las víctimas de la APPO y las circunstancias de estos hechos, “puede definirse con claridad la hipótesis de cómo Oaxaca constituyó un ensayo de modelo de represión que a partir de 2006, todavía con Vicente Fox en la Presidencia, se replicó en varias ocasiones y diversas entidades”.
En el informe se expuso el saldo de graves violaciones a derechos humanos documentado por la Comisión de la Verdad de Oaxaca, que incluye 30 ejecuciones extrajudiciales (entre ellas la del periodista estadunidense Brad Will), 311 detenciones arbitrarias, 248 casos de tortura documentada y comprobada, así como la desaparición forzada de dos personas: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Cruz Sánchez, dirigentes del Ejército Popular Revolucionario.
