Amenazas, delito más común contra la Libertad de Expresión
Andrés Ismael Pérez Cortés, encargado de la Unidad Especializada de los Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, ofrece conferencia ante periodistas.
En los últimos años la labor periodística en México se ha convertido en una actividad de alto riesgo, un tanto por la inercia que nos sigue sacudiendo, y otro tanto por la falta de medidas de prevención de los informadores en el pleno uso de su derecho a la libertad de expresión.
Los delitos más comunes que acechan a la prensa van desde las amenazas, que es el delito más reiterado; hasta la privación ilegal de la libertad y el homicidio, que son los delitos considerados de alto impacto.
Andrés Ismael Pérez Cortés, encargado de la Unidad Especializada de los Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, dependiente de la Fiscalía General del Estado, reconoció que todos los representantes de los medios de información pueden ser susceptibles de este tipo de agresiones.
Van desde amenazas que es el mayor número de denuncias, daños a los equipos de los comunicadores y lamentablemente los homicidios en contra de periodistas, de ahí que la acción más apremiante en este momento es proteger y garantizar que se ejerza la libertad de expresión sin miedo a amenazas, intimidaciones o limitaciones.
En su conferencia “Delitos Contra la Libertad de Expresión”, dijo que nuestra sociedad, nuestra cultura y vida cotidiana tiene muchas variantes, consecuentemente el actuar del ser humano es así.
Al iniciar la “Semana de Periodismo en Oaxaca”, explicó que ante tales circunstancias, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez ha dado un fuerte impulso a esta Unidad Especializada y ya no es solamente un agente del Ministerio Público el que la atiende, “son seis agentes del Ministerio Público, un grupo especializado de Agentes de Investigación que se abocan a estos delitos y un grupo de peritos”.
En tanto, Maribel López López, responsable del Centro de Justicia Alternativa, destacó que esta instancia tiene como objetivo contribuir a la solución de los conflictos penales a través de mecanismos como la mediación, conciliación y junta restaurativa que conduzcan a las salidas alternas.
Estos procesos son llevados a cabo por una persona denominada facilitador o facilitadora quien tiene como función ser el puente de comunicación entre los intervinientes.
