Preocupa militarización de la seguridad pública en el país

El Observatorio Nacional Ciudadano mostró su preocupación por la posibilidad de militarización de la seguridad pública, como una política destinada al combate de la violencia por parte del nuevo gobierno federal.

A través de un desplegado, expone que en los últimos años se incrementó el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos, tales como las ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual y desaparición forzada de mujeres.

También lamentó que el Estado no haya garantizado la realización de acciones inmediatas de búsqueda en campo, ni existió una coordinación efectiva entre las autoridades federales, estatales y municipales para la búsqueda e investigación de los casos de desaparición de mujeres y niñas.

Admitió que el nuevo gobierno se enfrentará a un contexto como nunca antes en la historia de México, por lo que se requiere de una acción urgente y responsable, con una ruta clara que permita evaluar los impactos de las medidas que implemente para erradicar la violencia contra las mujeres.

Aunado a ello, demandó un compromiso real del nuevo Gobierno Federal para resolver de fondo y con un enfoque diferencial, la situación de las violencias que viven las niñas y mujeres en México.

Pidió eliminar las políticas públicas que no dan resultados, a través de un sistema de evaluación en donde los impactos positivos puedan ser medibles.

Urgió al Poder Legislativo proponer un marco legal que depure a las instancias que pasaron de Procuradurías a Fiscalías, a fin de sancionar a los funcionarios públicos que por acción u omisión obstruyan el acceso a la justicia, para que la autonomía de las Fiscalías no sea un sinónimo de impunidad frente a los derechos de las víctimas y sus familias.

Consideró necesario que el Legislativo, las autoridades estatales y federales construyan, de manera coordinada, marcos legales y las políticas públicas para salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres.

Demandó al presidente electo, a los gobernadores incluir el combate, la sanción y la erradicación de la violencia contra las mujeres como un eje transversal y una prioridad en sus agendas políticas.