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ZEE, un plan de despojo en Oaxaca

Participantes de los foros realizados acerca de la ZEE planeada para el Istmo de Tehuantepec ponen en duda los beneficios de estos proyectos y llaman a formar un frente unido contra las empresas extranjeras


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En el marco del foro Las Zonas Económicas Especiales y sus implicaciones en la vida comunitaria y al medio ambiente, líderes de organizaciones sociales calificaron como invasoras a los megaproyectos que se han desarrollado en la región del Istmo de Tehuantepec.

Al participar con el tema Reflexión sobre la recuperación histórica sobre los megaproyectos, Rafael Mayoral y Erangelio Mendoza González expusieron sus puntos de vista sobre los cambios en la región y el proceso de construcción de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués.

Señalaron que, desde que llegaron los primeros habitantes, el lugar se estableció como zona estratégica, ya que por su ubicación genera riqueza comercial.

Coincidieron en que los últimos 100 años son los que han sido más invasivos en la región, desde la construcción del ferrocarril hasta las grandes inversiones en el puerto de Salina Cruz.

“Durante ese tiempo se cambian las estructuras comerciales por otras áreas económicas que tiene que ver con el sector industrial y se empieza a utilizar la región como zona de interés gubernamental y para el mercado internacional”, indicaron.

Erangelio Mendoza González, originario de Jalapa del Marqués, destacó que esto generó nuevas élites que y con el Plan Nacional de Irrigación, desde 1954 se comenzaron a elaborar los estudios para la construcción de la presa Benito Juárez.

“La presa generó trabajo momentáneo, después de los estudios, la construcción se inició en 1956 y la vinieron hacer las compañías de Norteamérica, nuestra gente no creía que el agua iba a sepultar el pueblo, esto dejó muertos y graves consecuencias”.

“Hablaron mucho de lo que iba a producir el Istmo de Tehuantepec con la presa como hacen ahora con las minas que implementa el neoliberalismo, tiene más de 56 años con un mes que quedaron enterrados nuestros usos y costumbres y no hay beneficio todavía”, expuso el exdirigente del magisterio oaxaqueño.

Frente contra proyectos extranjeros

Los participantes del foro también destacaron la necesidad de llamar a la construcción de un frente de pueblos que defiendan sus recursos naturales ante las invasiones capitalistas.

Coincidieron en pedir a quienes integran los congresos a hacer leyes que no vayan contra los derechos de los pueblos. “Buscan desaparecernos”, alertaron desde el encuentro que sostuvieron a un costado de la catedral oaxaqueña.

El representante del grupo inconforme de Magdalena Teitipac, Alejandro García, rechazó que la llegada de empresas mineras lleve empleo y desarrollo a los pueblos como se ha tratado de convencer a los pobladores.

En su comunidad, la empresa Plata Real, S. de R.L. de C. V., sólo ocupó a 15 personas nativas para actividades menores, mientras los cargos mayores fueron utilizados por personas del extranjero o de otras entidades.

La empresa tiene la concesión para la explotación de los recursos naturales de este pueblo durante 50 años y durante los ocho años ya trabajados, ha devastado los cerros de Teitipac, provocando gran deterioro ambiental.

“Cuando llegó la empresa prometió una clínica, un pozo profundo y 15 mil dólares anuales, con eso engañaron a nuestros abuelos para dar los permisos y que esa firma se haga millonaria. El oro y la plata que obtienen, se lo llevan a otros países sin que los pobladores sean beneficiarios por su riqueza”, aseveró.

“Lejos de conceder los apoyos que los representantes del gobierno federal prometieron para convencer a la gente, se emitieron órdenes de aprehensión, arrestos, hostigamiento contra los que alzamos la voz porque no queremos a nuestro pueblo contaminado”, señaló.

Mientras tanto, los trabajos de la mina avanzan hasta sacar el último gramo de esa tierra zapoteca, donde la contaminación ya es grande por la separación que realizan de los metales, el proceso de lavado y el uso irracional del agua que está acabando con el entorno de la comunidad.

“No nos oponemos al desarrollo ni al avance de las comunidades, pero que se vean las formas y las acciones de las empresas que van a afectar nuestros bienes naturales”, externó Alejandro García.

Durante su participación, la representante del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde (COPUDEVER), aseguró que el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna en la Costa, es rechazado por comunidades que ven en riesgo su patrimonio natural.

Señaló que la forma de inconformarse ha sido realizando una gran fiesta en el contorno del río para que participe la comunidad a la que han ido sumando diversos sectores como la Iglesia católica.

“Hemos pedido audiencia con Peña Nieto (presiente de México), también convocamos al exgobernador Gabino Cué a una reunión y nadie nos respondió. A pesar de esa negativa, seguiremos en la lucha y defensa de nuestro territorio”, aseguró.

En el encuentro, la representante de la organización Poder, Patricia Legorreta reflexionó sobre la urgencia de difundir los intereses de la ley de las ZEE que privilegian al sector empresarial por encima de los pueblos.

Los supuestos beneficios

Al respecto, expertos en el tema denunciaron que los beneficios de las ZEE son relativos para los pueblos y comunidades, dado que pasan por encima de los derechos humanos y de territorio.

“La política neoliberal ha tenido el resultado de un aumento profundo de desigualdad, dado que han destruido el modo de vida de miles de indígenas y trabajadores ligados a la agricultura”, relató Alberto Arroyo Picard, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante su participación en el foro Zonas Económicas Especiales y los acuerdos internacionales de libre comercio; lamentó que las empresas nacionales poco a poco se hayan convertido únicamente en maquilas.

“Las transnacionales traen todo, lo arman aquí con la mano de obra barata y se van y en la etapa del Tratado de Libre Comercio, éste no las obligó a buscar proveedores nacionales, la empresa compra donde ella quiere”, subrayó.

“¿Y qué sucede?, pues las empresas buscan integrar a su propio corporativo entonces y se compran a sí mismos y no consumen ni emplean lo local”, explicó el también fundador de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC).

Frente a decenas de personas reunidas a un costado de la catedral de Oaxaca, enfatizó que el corporativismo se ha basado en la violación sistemática de los derechos de los territorios.

La Organización para una Educación Alternativa explicó que el Istmo de Tehuantepec históricamente ha sido un laboratorio de las ideas del “progreso” y “modernidad”, desde hace al menos 100 años, donde gobiernos y empresarios han experimentado con grandes obras de infraestructura, políticas y proyectos de inversión, como la presa en Jalapa del Márquez, la Refinería Antonio Dovalí Jaime y, desde hace algunos años, los parques para la producción de energía eólica.

En todos y cada uno de estos proyectos, los argumentos del empleo y el desarrollo han sido prometidos para justificar la imposición de modos de vida distintos al campesino y el indígena, expusieron.

De acuerdo a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto, la ZEE en el Istmo de Tehuantepec se lanzó como un gran proyecto económico, que resolvería la desigualdad y la pobreza en estados como Oaxaca.

“Estos proyectos no son infranqueables con la cooperación de las organizaciones sociales y comunidades se logró derrotar el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y también el Tratado Transpacífico el cual está congelado”, enfatizó.

Arroyo Picard consideró fundamental la unidad de los territorios donde se asientan estos proyectos, “hemos derrotado mineras, proyectos eólicos, o nos unimos o nos jodemos; su talón de Aquiles son los pueblos organizados y que defienden su tierra”.

Por su parte, el investigador Ramón Benjamín Miranda consideró que las ZEE son una forma de control del territorio que implica la pérdida de derechos sobre la tierra por parte de sus habitantes.

“Un claro ejemplo es Panamá; ahí nadie tiene derecho sobre el agua porque es exclusiva para el Canal y no importa si hay desabasto, sequía, muerte de ganado o crisis por la carencia”, afirmó.

Miranda exhortó a revisar con lupa cada uno de los supuestos casos de éxito porque todos responden a un mismo modelo económico, donde no importan los territorios, sino el capital privado.


 

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