Las mujeres de Atenco cimbran a la Corte Interamericana
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Las mujeres de Atenco cimbran a la Corte Interamericana

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos la oportunidad para ordenar al Estado mexicano identificar y sancionar a los responsables de las agresiones policíacas en San Salvador Atenco


Las mujeres de Atenco cimbran a la Corte Interamericana | El Imparcial de Oaxaca

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus manos la oportunidad para ordenar al Estado mexicano identificar y sancionar a los responsables del diseño y ejecución de las agresiones policiacas del 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco en los que 11 mujeres fueron agredidas sexualmente por uniformados mexiquenses y de la extinta Policía Federal Preventiva.

La anterior es una de las demandas expuestas por las agredidas por medio de sus representantes legales en las audiencias públicas realizadas el jueves 16 y el viernes 17 en la sede de la Corte –paso previo a la sentencia que dictará el tribunal regional–, instancia en la que se radicó el caso Atenco.

Las 11 mujeres, quienes por diversos motivos estaban en ese poblado mexiquense el 4 de mayo de 2006, fueron detenidas de manera arbitraria y procesadas por presuntos ataques a las vías de comunicación, asociación delictuosa y secuestro.

En 2008 las víctimas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en septiembre del año pasado turnó el caso a la Corte, ante el incumplimiento de las recomendaciones formuladas un año antes.

En el Informe de Fondo 74/2015, la CIDH urgió al Estado mexicano “identificar y sancionar los distintos grados de responsabilidad, incluyendo aquellas derivadas de la cadena de mando, de las distintas formas de participación, así como posibles actos de encubrimiento u omisión” (Proceso 2116).

En voz de la abogada Araceli Olivos Portugal, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), las 11 mujeres pidieron a la Corte, presidida por el brasileño Roberto F. Caldas, “ordene al Estado realizar una investigación efectiva que incluya todos los hechos y considere su gravedad, así como todos los niveles de responsabilidad, sin descartar de antemano pruebas y líneas de investigación relevantes con el solo fin de garantizar impunidad para funcionarios percibidos como personas poderosas”.


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