México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra
La resolución del Parlamento Europeo fue aprobada con 607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones
El Parlamento Europeo pidió este jueves a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y la creación de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos.
En una resolución aprobada con 607 votos a favor, dos en contra y 73 abstenciones, la Cámara destaca que “México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra”.
Recordó que solo desde principios de 2022 han sido asesinados siete periodistas.
El Parlamento “observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor”. Alude, en concreto, a la retórica populista del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas.
Los eurodiputados advierten que “la retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes”. Piden a las autoridades que se abstengan de cualquier comunicación que pueda estigmatizar a los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, y también a los defensores de los derechos humanos.
La Cámara también apunta la existencia de “claros indicios” de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de piratería telefónica destinadas a luchar contra el terrorismo y los cárteles, incluido el programa espía Pegasus, contra periodistas y defensores de los derechos humanos.
Advierte, asimismo, que las reformas constitucionales de los sistemas electoral y judicial, iniciadas por la administración de López Obrador, plantean dudas sobre la estabilidad del Estado de derecho y la seguridad jurídica y muestra inquietud ante una propuesta legislativa que busca limitar la participación cívica de las ONG con financiación extranjera.